Columna de Rosa Devés e Ignacio Sánchez: Participación ciudadana para la nueva Constitución, un balance positivo

En representación de las universidades del país, la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile hemos cumplido la misión, encomendada en enero de este año en la Constitución Política por el Congreso Nacional, de coordinar la participación ciudadana para el Proceso Constitucional en curso. Hace algunos días, en la sede del propio Congreso en Santiago, la Secretaría Ejecutiva de Participación Ciudadana entregó el informe final que sistematiza los anhelos y las visiones de más de 270 mil personas que respondieron a alguno de los cuatro mecanismos dispuestos para escuchar y expresar su voz. Ellos y ellas nos recuerdan que actualmente Chile vive un momento histórico y que abordar este desafío va más allá de sus aspectos legales y políticos.

Cuando a principios de año recibimos este mandato constitucional, enfrentamos dos desafíos cruciales: la confianza cívica y la participación activa de la ciudadanía. La confianza cívica es esencial en cualquier democracia; debe cultivarse y protegerse a través de la transparencia. Las personas deben confiar en que sus voces serán escuchadas y que la diversidad de miradas es vital y muy valiosa al momento de planificar el futuro. La participación activa también es fundamental y, hoy podemos decir, que la solidez de nuestras instituciones, reforzada con el compromiso y apoyo permanente de las universidades acreditadas de todo el país, -con la colaboración de importantes Institutos técnico-profesionales-, permitió que esta iniciativa se fundara en la presencia transversal de chilenos y chilenas, y en una expresión real de sus preocupaciones y anhelos, a lo largo y ancho de nuestro territorio. La voz de las regiones estuvo muy representada.

Así, las universidades actuamos como facilitadoras de debates informados y espacios de diálogo. Su solidez y prestigio fueron factores determinantes para mantener la mirada de bien común para Chile. Esta confianza se ha demostrado en años recientes, el período de pandemia es un ejemplo de ello, ya que nuestras instituciones estuvieron muy presentes y cercanas a las necesidades de la ciudadanía. Al ser nuestras instituciones creadoras de nuevo conocimiento y reflexión crítica, entregaron el contexto necesario para que los ciudadanos y ciudadanas se involucraran en nuevas propuestas para la nueva Constitución.

En estos nueve meses de intenso trabajo, la Secretaría de Participación Ciudadana convocó a personas de todas las comunas del país, de diferentes edades y perspectivas, quienes contribuyeron a construir un horizonte compartido. Nuestra labor ha implicado canalizar estas inquietudes hacia el Consejo Constitucional, pero también a través de encuentros en diversas regiones, devolver a la ciudadanía los resultados, lo que ha requerido analizar rigurosamente los hallazgos. Hemos recalcado que todo este trabajo tuvo a la vista las experiencias pasadas de deliberación ciudadana que desde el año 2016 venimos escuchando a través de la voz de la ciudadanía y que coinciden recurrentemente en garantizar derechos sociales para una sociedad más justa.

El ánimo de esta ciudadanía no es el mismo que cuando se firmó el Acuerdo por Chile, sin embargo, logramos motivar, movilizar y hacer conversar a miles de personas en un tiempo muy acotado. Por lo mismo, entregamos con alegría y esperanza un valioso documento que refleja el sentir de nuestro territorio. Esperamos que el Consejo Constitucional valore este material y lo considere en las próximas etapas de la estructuración del texto que se espera guíe la convivencia política del país.

Nuestro aporte ha demostrado la importancia de la colaboración entre instituciones y nos deja lecciones para iniciativas similares en el futuro, las que pueden surgir en diferentes niveles de nuestra organización política. A futuro, será muy evidente que la participación ciudadana no se agota con la redacción de una nueva Constitución Política. Creemos que una ciudadanía activa y comprometida favorece una democracia más robusta y, en ese camino, nuestras instituciones estarán siempre disponibles para seguir aportando al país.

Rosa Devés A., rectora, Universidad de Chile e Ignacio Sánchez D., rector, Pontificia Universidad Católica de Chile.