La diplomacia profesional adquiere su verdadera dimensión cuando hay problemas y desacuerdos. En especial, ante conflictos, por graves que sean. Su objetivo fundamental es mantener los vínculos abiertos, y procurar hacer prevalecer los intereses del país. Corresponde ejercerla en plenitud, cumpliendo el derecho y la práctica. No es, como se cree, solo para comprobar que las relaciones son normales y amistosas. Perdería su sentido y utilidad. Se transforma en rutinaria o meramente protocolar, que a su vez, permite conservarlas al más alto nivel.
Se debe reconocer que, a pesar de los esfuerzos, con el régimen venezolano existe una real controversia. Solo la diplomacia sería capaz de superarla y encontrar algún entendimiento. Los habituales gestos para demostrar nuestra molestia, como las notas oficiales de protesta, los llamados a informar de nuestro embajador, o citar al embajador venezolano, por significativos y usuales, no han logrado resultados hasta ahora. Han quedado plenamente informados de nuestra posición, y de que no aceptamos sus explicaciones. Por tanto, la presencia del embajador en Caracas se hace necesaria, para no rebajar el nivel de nuestra representación, ni dar motivo que justifique cualquier negativa por falta de la interlocución correspondiente. Quien lo reemplace, como encargado de negocios interino, lo hará necesariamente en un nivel inferior, para insistir y continuar presionando. Resulta ingrato, ciertamente, pero la diplomacia no solo está para agradar.
Las autoridades venezolanas, sin cumplir la cooperación ofrecida, por medio del Fiscal Nacional, Tarek Saab, contraatacó, responsabilizando a nuestros servicios, o descalificándolos de manera ofensiva al cuestionar su capacidad. No es creíble de que actúa por cuenta propia. Su papel, siempre ha sido, el de llevar a la justicia, a quienes considera enemigos, y lo practica eficazmente. El propio Fiscal tiene acusaciones internacionales de corrupción y otros ilícitos. Es el menos idóneo para cuestionarnos.
Se podrían sumar otras acciones en el ámbito internacional. Chile, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, puede exponer la violación de nuestra soberanía. El rapto y asesinato de Ronald Ojeda, refugiado en Chile, por venezolanos que volvieron a su país, requiere una aclaración completa. No cabe protegerlos. Si no hay respuesta, dejan en evidencia que tienen responsabilidad, y desean que no se conozca. También se puede invocar el que hay incumplimiento de acuerdos internacionales vigentes (La Convención Interamericana sobre extradición, de Caracas, 1981; el Tratado bilateral de Extradición, 1962; o la Convención sobre la lucha de la delincuencia internacional, 2000; y otras).
Venezuela está en pleno proceso electoral de un Presidente, y Maduro ha hecho todo lo necesario para impedir cualquier competencia de adversarios desafiantes. Lo ocurrido con Chile, añadiría un nuevo cuestionamiento, a los planteados al proceso por la comunidad internacional.
Las controversias, pueden superarse si la diplomacia se mantiene. Cortar las relaciones, interrumpe todo, y cualquier solución directa resulta imposible. Recomponerlas, es sumamente difícil y aleatorio. Por tanto, se requiere firmeza, decisión y capacidad negociadora. Lo esencial en estas situaciones, es obtener los objetivos buscados.
Por Samuel Fernández Illanes, exembajador y académico Universidad Central
