Uno de los argumentos esgrimidos para avanzar en el nuevo Financiamiento Público para la Educación Superior (FES) es la insostenibilidad fiscal del Crédito con Aval del Estado (CAE). Sin embargo, convenientemente se omiten las razones que nos han llevado a esta crisis. Los problemas en políticas públicas rara vez son azarosos y analizar sus causas es un requisito indispensable para que el remedio propuesto no sea peor que la enfermedad.

Producto del CAE, el Fisco desembolsa fondos por dos razones (principalmente). La primera, corresponde a la compra de activos financieros por la recompra (con una recarga) de la mitad de los créditos que se emiten cada año; monto que promedia 448 US$ MM anuales entre 2006 y 2023 (Ejecución Dipres), algo así como el 2% del presupuesto educativo total y el 10% del presupuesto para la educación superior (ambos cálculos para Ley de Presupuesto 2025). La segunda razón de desembolso corresponde a la ejecución de garantías, a la que tienen derecho los bancos cuando un deudor en etapa de pago tiene más de tres cuotas de mora; este componente era insignificante al principio (el 2016 correspondía al 12% del desembolso total por concepto de CAE) pero se ha triplicado, alcanzando el 36% del total al 2023. La tendencia sin duda es preocupante.

Este componente es al que se hace referencia cuando se habla de la insostenibilidad fiscal del CAE. Ahora, por construcción, la ejecución de garantías sigue (con algo de rezago) la evolución de la tasa de morosidad. Esa tasa -que se calcula como la razón entre los deudores en mora y el total de deudores en etapa de pago- correspondía a un 35% en 2015 (y un 25% en los egresados); y lamentablemente al 2023 ascendía a un 60% (54% en los egresados). Aquí no hay dos miradas: la insostenibilidad fiscal del CAE es producto del alza en la tasa de morosidad, que en los egresados se duplicó en la última década.

Existen diversos factores que estarían impulsando esta alza: la gratuidad en 2016; el estallido social en 2019; la pandemia y la Ley 21.214 en 2020 (Ley mejor conocida como Chao Dicom, que impide informar deudas educativas en el boletín comercial). Pero sería ingenuo, a lo menos, omitir el impacto que habría tenido en el comportamiento de los deudores las reiteradas promesas de condonación, lo que podría ayudar a explicar por qué el alza en la morosidad de los últimos años se ha dado especialmente en el segmento de los deudores egresados.

Y es que abusar del lenguaje y de las promesas no es gratis, este es un caso palpable de ello. Instalar el incumplimiento de las obligaciones crediticias cuando se opina que son ilegítimas horada las verdaderas bases del Estado de Derecho e instala una cultura donde seguir las reglas depende del grado de comodidad que estas me confieren.

Esto se combina con una falencia en el diseño del CAE -que permite a los deudores dejar de pagar prácticamente sin represalias- para generar el cocktail perfecto de insostenibilidad fiscal. Por lo mismo, el único aspecto positivo del proyecto del FES corresponde al nuevo mecanismo de cobranza automático, que implica un descuento por planilla a los deudores.

Es necesario dejar de omitir las verdaderas causas que nos llevaron a esta situación insostenible para llegar a soluciones de fondo. En los hechos, el proyecto del FES significa saltar del sartén al fuego, y quienes lo impulsan aportaron a encender y azuzar la llama que hoy amenaza con quemarnos.

Por Santiago Montiel Zecchetto, investigador de Horizontal