Columna de Santiago Montiel: Crisis en el SLEP de Atacama: Preguntas, preguntas y más preguntas
La paralización por tres meses de la educación escolar es una tragedia, aquí y en cualquier lugar del mundo. Que en Chile esté normalizada la interrupción de las clases no es razón para dejar de escandalizarnos frente a la vulneración del derecho que tienen los niños a la educación. Detrás de cada crisis reside una oportunidad y, en este caso, corresponde preguntarnos sobre el origen de la paralización que afectó a casi 30.000 estudiantes este segundo semestre (solo en Atacama). La existencia de la crisis siembra un manto de duda sobre varios de los argumentos que se esgrimieron para llevar adelante dos de las políticas públicas educativas más importantes de la última década: la Nueva Educación Pública y la Carrera Docente.
¿Se logró despolitizar la administración de la educación pública? En teoría, los incentivos de los alcaldes respondían al ciclo electoral, al tiempo en que algunos fondos municipales competían entre la educación y otras necesidades; en suma, se buscó (en buena hora) despolitizar la educación. Por de pronto, que existan municipios con buenos resultados demuestra que no era la municipalización per se la causante de la captura política ni de los malos resultados. Aún más, el incentivo a reelegirse de los alcaldes -que a veces actuó a favor de la educación pública- se perdió con el traspaso a los SLEP. Lamentablemente, la pugna entre partidos políticos que existe en el SLEP de Atacama -documentada en este mismo medio- es reflejo de que la despolitización, en este caso, no se logró.
¿Les faltan recursos financieros y administrativos a los SLEP? La escasa cantidad de funcionarios por SLEP -80- y las altas remuneraciones -$ 3.151.881 brutos mensuales en promedio- no han entregado una gestión acorde a los recursos destinados. Al mismo tiempo, los SLEP ejecutaron $ 270.558 mensuales por estudiante, un 60% más que lo que es destinado a los particulares subvencionados, que tienen mejores resultados en SIMCE. Por último, hay cosas que son francamente inentendibles. Por ejemplo, en septiembre de 2023, el salario del director ejecutivo del SLEP de Atacama fue de $ 7.265.936 brutos, levemente inferior al salario del Presidente de la República el mismo mes, según la información publicada en el Portal de Transparencia. Con una remuneración comparable con la más alta autoridad del país, se espera una administración y gestión de excelencia, la que no ha estado presente.
¿Son los docentes el problema? La información pública del Centro de Estudios del Mineduc permite calcular que existen 20 estudiantes por cada docente en la educación pública, similar a la educación particular pagada (18) y muy por debajo de la educación particular subvencionada, donde hay 29 alumnos por docente. Por último, en los SLEP en promedio, todos los funcionarios contratados bajo el Estatuto Docente (docentes y asistentes) ganan $ 1.600.757 brutos.
¿Hay una falta de apoyo a la labor docente adentros de los colegios? La educación pública presenta una alta dotación de asistentes de la educación (personal de establecimientos educacionales que realiza al menos una función de carácter profesional, paradocente o de servicios auxiliares). En los SLEP existe 1,4 asistentes de la educación por cada docente, mientras que en la educación particular pagada existe sólo 0,3.
Son muchas las preguntas y pocas las respuestas sobre la efectividad que está teniendo la desmunicipalización de la educación pública. Por esta razón, bienvenida la “Pausa Activa” comprometida en el marco de la Ley de Presupuesto del 2024. Un diagnóstico común sobre los logros y desafíos de estas políticas públicas es un primer paso para avanzar en una solución. Sin embargo, no habrá sistema de administración ni reforma docente que aguante un sistema en constante paralización; las escuelas deben ser las primeras en abrir y las últimas en cerrar.
Por Santiago Montiel Zecchetto, Horizontal
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