Columna de Sasha Mudd: La Corte Suprema erosiona un pilar fundamental de la democracia de EE.UU.

“El Presidente de los Estados Unidos será sujeto a juicio político, juzgado, y, tras ser condenado por traición, soborno u otros delitos graves y faltas, removido de su cargo; y posteriormente será sujeto a procesamiento y castigo en el curso ordinario de la ley. La persona del rey de Gran Bretaña [por otro lado] es sagrada e inviolable; no hay un tribunal constitucional al que él sea responsable”. Así escribió Alexander Hamilton, redactor de la Constitución de EE.UU., en 1788. La cita expresa en lenguaje elegante algo que cada niña estadounidense sabe: que la revolución americana se libró para deshacerse del poder monárquico, que en EEUU el Estado de derecho se aplica a todos por igual, incluyendo al presidente. Nadie está por encima de la ley, y todos son iguales ante ella.

Después de casi dos siglos y medio de amplio consenso sobre este principio fundamental, el ala republicana radicalizada de la Corte Suprema, liderada por el juez John Roberts, decidió la semana pasada desechar la mayor parte de él.

En su fallo sobre el enjuiciamiento federal contra Donald Trump, por su papel en intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, el juez Roberts, escribiendo para la mayoría, decretó que el presidente tiene “inmunidad absoluta” para “actos oficiales” cuando esos actos se relacionan con los poderes centrales de su cargo. Continuó añadiendo que, “En cuanto a sus restantes acciones oficiales, también tiene derecho a inmunidad.” Como si esto no fuera suficiente, se agregaron varias disposiciones más que hacen extremadamente difícil en la práctica la responsabilidad penal de los expresidentes – que la corte unilateralmente restringió a asuntos de “conducta privada” no relacionada con el cargo.

Antes de este fallo, nunca había existido inmunidad criminal para los presidentes. No existe tal disposición en la Constitución, lo cual, por supuesto, no es una sorpresa. La Declaración de Independencia es una lista de acusaciones contra el Rey Jorge III diseñada para mostrar porque los hombres deben ser gobernados por leyes y no por la voluntad arbitraria de los déspotas. Los fundadores crearon un sistema de gobierno dividido precisamente para asegurar un sistema de controles y balances que funcionara como barrera contra los abusos de poder, especialmente aquellos provenientes del poder ejecutivo.

Sin embargo, los jueces designados por los republicanos responsables de este fallo dieron vuelta la lógica de los fundadores. Afirman que la inmunidad presidencial frente al enjuiciamiento penal es necesaria para preservar la separación de poderes, donde esto significa crear esferas de acción exclusivas y totalmente independientes sin restricciones de ningún otro poder del Estado. En lugar de utilizar la separación de poderes del Estado como un medio para evitar el ejercicio del poder sin rendición de cuentas, se ha convertido – en manos de esta corte rebelde – en un medio para entregar tal poder al ejecutivo.

La jueza Sonia Sotomayor ha expresado vehemente su opinión disidente: esta inmunidad presidencial crea una zona de impunidad para la presidencia, situación sin precedentes en la historia estadounidense. Las potenciales consecuencias son devastadoras. Sotomayor continua, “¿un presidente ordena al equipo SEAL 6 de la Marina asesinar a un rival político? Inmune. ¿Organiza un golpe militar para mantenerse en el poder? Inmune. ¿Acepta un soborno a cambio de indulto? Inmune, inmune, inmune.” Concluye la jueza: “La relación entre el presidente y el pueblo que sirve ha cambiado irrevocablemente. En cada uso del poder oficial, el presidente ahora es un rey por encima de la ley.”

Pero ¿por qué entregar un cheque en blanco a los futuros presidentes para cualquier tipo de crimen que puedan cometer desde los poderes de su cargo? El argumento del juez Roberts, y quienes lo apoyan, se basa en la preocupación de procesamientos infundados de expresidentes. Ciertamente, este tipo de abuso del poder judicial es una grave amenaza para cualquier república, pero la solución no es retroceder el Estado de derecho. La solución es asegurar el uso justo y adecuado de la ley, es decir, asegurar su administración independiente y políticamente neutral. Que los propios jueces adopten una visión tan despectiva de su propia rama del gobierno es en sí mismo profundamente alarmante.

Por el débil razonamiento del juez Roberts, uno queda con la conclusión de que el impulso partidista para proteger a un presidente republicano y asegurar su poder para una futura administración, ha llevado a esta corte a desconocer los documentos fundacionales que juraron honrar y defender. A lo largo de su carrera política, Donald Trump ha dejado claro que cree que la rendición de cuentas es para tontos y perdedores. Al parecer, para vergüenza de nuestra nación, la Corte Suprema está de acuerdo.

Por Sasha Mudd, profesora asistente de filosofía, Instituto de Filosofía, Pontificia Universidad Católica de Chile.