Columna de Sebastián Bernstein, María Isabel González, Rodrigo Iglesias y Andrés Romero: Prudencia Regulatoria en el Sector Eléctrico

El miércoles 30 de noviembre de 2022, la Comisión Minería y Energía de la Cámara de Diputados aprobó en general, y por unanimidad, el proyecto de ley que “impulsa la participación de las energías renovables en la matriz energética nacional”. Este proyecto de ley, según el anuncio de indicación que ingresaría el Gobierno, obligaría a inyectar una cuota de 60% de electricidad al sistema eléctrico en base a energías renovables no convencionales (ERNC) al año 2030, con un mínimo de 30% en bloques temporales durante todo el día.

Esta iniciativa, que fue ingresada por la Administración pasada, requiere ser analizada en detalle. En efecto, la pregunta principal que nos debemos hacer frente a cualquier iniciativa de cambio regulatorio es si existe un problema o distorsión del mercado que requiera la intervención de la regulación. En este caso, ¿se requiere establecer una cuota obligatoria para que este tipo de tecnologías se integre masivamente al mercado eléctrico chileno? Aparentemente no. De hecho, el propio mensaje del proyecto de ley, refiriéndose al ritmo de penetración que han exhibido las tecnologías de generación de energía renovables, señala que “la cantidad de proyectos en evaluación ambiental y en otras etapas de desarrollo, sugiere que, en los años venideros, se mantendrá este ritmo acelerado de incorporación de estas tecnologías a la matriz…”, cuestión que parece contradictoria con el objeto del proyecto.

En efecto, no existe evidencia que justifique la propuesta en los términos en que está presentada. Por el contrario, este año terminaremos con cerca de 14.000 MW instalados de ERNC, es decir, éstas representarán el 40% de la capacidad total del sistema, superando la demanda máxima de potencia, la cual se ubica en torno a los 11.600 MW. Así, a esta altura de su desarrollo, la denominación de “no convencionales” para estas tecnologías, ya resulta evidentemente inadecuada.

El problema que creemos debe enfrentar hoy en día la política pública es habilitar las condiciones requeridas para permitir un aumento sostenido del nivel de penetración de las energías renovables variables, de modo que el sistema eléctrico opere de manera segura y eficiente. En otras palabras, para “impulsar la participación de las energías renovables” no se requieren más cuotas o incentivos, sino que abordar diligentemente los cambios que requieren las normas que regulan la expansión de la transmisión, el desarrollo de los recursos que otorgan flexibilidad a la operación del sistema eléctrico y definiciones respecto al papel que jugará el Gas Natural, entre otras medidas. A su vez, la obligación de acreditar un 30% de generación en base a ERNC las 24 horas, como lo prevé el proyecto de ley, no se presenta con los fundamentos suficientes para acreditar cómo la norma da cuenta de un desarrollo eficiente del sector, ni tampoco los impactos en precio a los clientes finales que ello podría significar.

Por ello, nuestro llamado es a que el esfuerzo político y técnico se focalice en medidas de corto plazo que alivien la situación de estrés del sistema eléctrico, sujeto a altos costos marginales, desacoples de precios y vertimientos relevantes de energía limpia y económica, como la necesaria revisión de las señales económicas que condicionan la operación y desarrollo seguro y eficiente del mercado de energía eléctrica.

En la misma línea, y en una visión de más largo plazo, la propuesta de nuevo reglamento de Potencia de Suficiencia que el Ministerio de Energía ha presentado, creemos no dice relación con los desafíos de una transición energética que asegure el suministro a precios eficientes. Si bien resulta complejo tener una opinión acabada de esta propuesta, toda vez que sus impactos e implementación no han sido suficientemente aclarados por la autoridad vista su excesiva complejidad, las señales de precio que entregaría son confusas y variantes en el tiempo, lo que impediría entregar certidumbres para desarrollar tecnologías tan relevantes como el almacenamiento, entre otros desarrollos. De esta forma, la misma aparece como una modificación aún inmadura y, lo que sería peor, podría atentar contra un proceso de transición energética, que, por lo mismo, requiere de señales ciertas Por ello, iniciativas de ley como la comentada, y las modificaciones previstas para el mercado de potencia, desarrolladas sin considerar una visión integrada de las reformas que podrían requerir otros mercados, podrían implicar, a futuro, un retroceso en nuestro proceso de cambio de matriz de generación eléctrica hacia uno más limpio, económico y seguro.

Esperamos que nuestras autoridades, abiertas al diálogo como lo han declarado, puedan darles una nueva mirada a estas dos propuestas, elaboradas hace más de un año, e iniciar un diálogo renovado sobre la manera en que, para los próximos años, aseguraremos un suministro con más energía renovable y nuevas tecnologías. Nuevamente, la prudencia en este escenario es esencial para que podamos ofrecerles a los chilenos y chilenas un abastecimiento eléctrico seguro, económico y limpio durante ésta y las próximas décadas.

* Los autores: Sebastián Bernstein, Secretario Ejecutivo Comisión Nacional de Energía 1984 – 1990; María Isabel González, Secretaria Ejecutiva Comisión Nacional de Energía 1994 – 1999; Rodrigo Iglesias, Secretario Ejecutivo Comisión Nacional de Energía 2006 - 2010 y Andrés Romero, Secretario Ejecutivo Comisión Nacional de Energía 2014 - 2018