Una de las peores situaciones que puede enfrentar un funcionario es que sus superiores lo corrijan en público. Cuando eso sucede – lo que de por sí es raro –, el funcionario sufre una humillación de la cual es difícil recuperarse. Eso le ocurrió hace unos días al subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, quien afirmó que el gobierno llevaría a cabo una consulta ciudadana para “legitimar” la política comercial chilena. A las pocas horas el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que su cartera – que algo tiene que decir en el asunto – no tenía idea de qué estaba hablando el subsecretario, y la canciller, Antonia Urrejola, aclaró que se trataba, tan solo, de recoger opiniones, y que los resultados del proceso no eran vinculantes. La política de comercio exterior, agregó Urrejola, la definirá el Presidente de la República.
Más allá del bochorno, hay dos aspectos del episodio que merecen comentarios. El primero es la creencia (incorrecta) que Chile es un país “extractivista”, que desperdicia la posibilidad de exportar bienes sofisticados, tecnológicos, y de altísimo valor agregado. Esto se debería a la flojera de los empresarios chilenos, que prefieren ser “rentistas” antes que innovadores, y a la estrategia de apertura externa seguida durante los últimos 40 años. La llamada “consulta ciudadana” buscaba un apoyo “popular” a esta idea, y en base a ello, emprender una serie de revisiones a tratados comerciales y otros aspectos de la política exterior.
El problema con esta visión es que ignora la evidencia técnica, empírica, estadística y comparada que se ha acumulado durante décadas de investigaciones académicas. Esta evidencia indica, en forma concluyente, que un país pequeño, lejano y relativamente aislado, como Chile, tiene grandes dificultades para participar en forma competitiva en las cadenas globales de suministro industrial (global supply chains). Nuestra matriz exportadora no es por flojera de los empresarios; tampoco porque Elon Musk no se ha dado cuenta que podría producir Teslas en el norte del país, aprovechando el litio chilensis. Nuestra matriz exportadora -que, como ha concluido Patricio Meller, incluye productos con alto valor agregado – se debe a nuestra lejanía y a que tenemos escasos operarios técnicamente preparados. Nuestras exportaciones son, de hecho, más “complejas” y sofisticadas que las de Australia, otro país aislado, lejano y con una gran dotación de recursos naturales.
¿Se puede mejorar esta situación? Desde luego. Mayor inversión en investigación y desarrollo, mayor capital de riesgo, y un salto cualitativo en la educación técnica, ayudarían. Cancelar, y caducar tratados y acuerdos comerciales iría en la dirección opuesta.
El segundo aspecto de este bochorno es la proclividad del gobierno a hacer “consultas ciudadanas” antes de iniciar procesos legislativos. En principio, esta práctica no es objetable; siempre es bueno consultar. Pero existe el peligro de darle una exagerada importancia a “consultas” parciales y con muy pocos participantes, como la consulta indígena en la Convención Constitucional. Este peligro está relacionado con el origen asambleísta-estudiantil de la gran mayoría de los altos directivos del gobierno. Quien haya participado en una asamblea sabe que no son exactamente democráticas. Predomina quien grita más fuerte y tiene mayor perseverancia.
También debe inquietarnos el que estas consultas sean manipuladas para generar resultados sesgados y precocinados por una camarilla política.
Un ejemplo palmario de una consulta sesgada son los “diálogos sociales” que se realizarán entre el 27 de abril y el 8 de junio, como preámbulo a la presentación del proyecto de reforma de pensiones. En estos diálogos se les pedirá a los participantes que le pongan nota al sistema actual de pensiones, usando una escala de 1 a 5. El ejercicio se centra en la evaluación de seis atributos de la capitalización individual: universalidad, solidaridad, igualdad, participación, suficiencia, y sostenibilidad. El problema, claro, no son las seis características indagadas, el problema es lo que se deja fuera de la evaluación. No se pregunta por propiedad de los ahorros, el retorno de las inversiones, la heredabilidad, o la calidad de gestión. Además, no se pregunta por el sistema total (PGU+AFP), sino que las evaluaciones se centran en solo un componente de nuestro sistema mixto. Se trata de un sesgo por omisión, el gobierno deliberadamente está omitiendo algunos de los atributos del sistema más valorados por las personas. Son los peligrosos sesgos del asambleísmo frenteamplista.
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