Columna de Sebastián Edwards: La Convención Constitucional como espejo de la sociedad

A pesar de algunos titubeos y trastabillones, hasta ahora la Convención Constitucional ha hecho una buena labor. Se instaló en un momento sanitariamente difícil, definió en poco tiempo un sistema operativo eficiente, e hizo andar varias comisiones. En unas semanas empezará con su trabajo de fondo. Ha habido críticas y descalificaciones, tanto por el lado de la derecha como de la izquierda. Pero, nada muy serio. Son encontrones light, choques publicitarios para la galería y las redes sociales, lo que a estas alturas del partido es más o menos lo mismo.

Se dice que la Convención es un verdadero reflejo de la sociedad. Pero basta mirar su composición para concluir que, con las muy importantes excepciones de la paridad de género y los escaños reservados, esto no es así.

Es un grupo diferente al Congreso Nacional. Eso es verdad. Pero eso no hace que la Convención sea un espejo de la sociedad. Definitivamente, no lo es.

¿Cuál es la probabilidad que en un proceso de selección al azar o aleatorio – una tómbola, digamos – se hubieran elegido a 155 personas con las características de los convencionales actuales? La respuesta es tan simple como instantánea. Esa probabilidad es idénticamente igual a cero.

Más de un tercio de los y las constituyentes – esto es, más de un 33%- son abogados o egresados de derecho. Sin embargo, los abogados son menos de un medio del uno por ciento del padrón electoral (0.3%). Sí, en la Convención hay cien veces más abogados que al otro lado del espejo, al lado del espejo donde vive el Chile real, el Chile de todos los días.

Otro dato: Sólo un 9.7% de los miembros de la Convención son adultos mayores, mientras casi un 18% del padrón tiene más de 65 años.

Es decir, mientras un grupo etario importante -los y las sobre 65 años- está subrepresentado por un factor de dos, el de los abogados está sobre representado por un factor de 100. ¡Cien veces más abogados que en el mundo de verdad!

Según datos de la Casen, tan solo el 27% del padrón electoral tiene educación superior. En contraste, más de 130 de los 155 convencionales tienen título universitario o técnico profesional, lo que representa cerca de un 83% de ese universo. Vale decir, los ciudadanos sin formación terciaria están subrepresentados, por un factor de uno a cuatro.

Ya es muy tarde para remediarlo, pero cabe preguntarse si se podría haber implementado un sistema que reflejara mejor al Chile real.

La respuesta es, “desde luego que sí era posible”.

Por ejemplo, se pudo haber combinado la elección directa de convencionales, digamos 78, con una selección al azar de 79. Esto hubiera asegurado una Convención mucho más parecida al Chile verdadero, una Convención con menos abogados y menos profesionales; una Convención con más personas comunes y corrientes, incluso con varias “señoras Juanitas.”

Sistemas que combinan elecciones directas con tómbolas que eligen al azar fueron usados en Islandia en 2010 y en Irlanda en 2012. En Irlanda, dos tercios del organismo que definió las grandes reformas a la constitución –incluyendo el matrimonio igualitario- fue elegido al azar y un tercio por el sistema político. Islandia usó una tómbola para elegir a 950 ciudadanos que definieron los temas y contenidos de una nueva constitución. En un segundo paso, se eligió, en votación directa, a un grupo de 25 personas –el porcentaje mínimo de mujeres era de 40%- para redactar el nuevo texto constitucional.

A pesar de que ya es muy tarde para implementar sistemas como los aquí descritos, aún es posible que la propia Convención use un método de elección al azar para conformar un Consejo Consultivo Permanente, con el que se reuniría en forma telemática para discutir cuestiones tanto de fondo como de procedimiento. Este Consejo sería un reflejo fiel de nuestras diversidades territoriales, de edades, de género, de educación, profesiones, políticas y religiosas. Su rol sería mantener a los convencionales con un cable a tierra, algo que muchos parecen no tener. Por ejemplo, se podría consultar a ese Consejo sobre extirpar “República de Chile” de la documentación, y reemplazarlo por “Chile” a secas.

Se podría argumentar que, si bien esta es una idea interesante, no es necesario implementarla. Después de todo, la Convención ya está consultando a organismos de la sociedad civil.

Eso es cierto, pero hay un problema. En Chile la participación en organismos de la sociedad civil es extremadamente baja. De hecho, es la más baja de los 40 países analizados por la OCDE en su estudio sobre Mejor Vida. Por ello, esas consultas son un paso importante, pero incompleto. Se puede hacer más; se debe hacer más. Ojalá se animen a consultar en forma sistemática y verdadera a la gente que vive una vida común y corriente, a las personas para quienes están escribiendo una nueva constitución. Ojalá los convencionales de ambos lados no le tengan miedo al Chile de verdad.