Columna de Sebastián Edwards: Nuestro cobre

Hace unas semanas se cumplieron 53 años de la nacionalización de la gran minería del cobre. El 11 de julio de 1971 el Congreso Pleno aprobó por unanimidad la reforma constitucional que mandataba la nacionalización, y cinco días más tarde el presidente Salvador Allende promulgó la Ley 17.450. Esta fue la única política de la Unidad Popular respaldada por todo el espectro político.

Con apenas 17 años, fui testigo de la votación que se llevó a cabo en el antiguo edificio del Congreso. Y aunque con el paso del tiempo se empiezan a borronear las imágenes, aún recuerdo la sensación de estar presenciando algo histórico.

En la mañana del 11 de julio de 1971, mi padrastro, que era diputado del Partido Nacional, me dijo que podía llevar a un invitado a la votación. Llegamos al Congreso después de almuerzo, con tiempo de sobra. Me mostró el lugar y me presentó a algunos de sus colegas. Yo vestía mi único traje, una camisa rosada y una corbata muy delgada a rayas.

Cuando comenzó la ceremonia a las 5:30 PM, ya estaba sentado en la galería del segundo piso. Había un aire de solemnidad en el edificio. Todos los diputados y senadores sabían que estaban a punto de hacer historia. Hubo discursos de los líderes de los principales partidos políticos: Luis Corvalán por los comunistas, Carlos Altamirano por los socialistas, Renán Fuentealba por los demócratas cristianos, Hugo Miranda por los radicales y Francisco Bulnes por los nacionales. Luego, el secretario leyó el texto de la reforma y se realizó la votación. Después de anunciado el resultado -158 a favor, sin votos en contra- todos los miembros del Congreso, cada funcionario, cada periodista y todos en la galería se levantaron y, espontáneamente, cantaron el himno nacional. Hubo gritos de “¡Viva Chile!” y abrazos y risas. Cuando salimos a la calle, vimos que cientos de personas se habían congregado frente al edificio. Había niños, mujeres mayores, obreros, estudiantes universitarios y funcionarios públicos. Había una alegría palpable. Los vendedores ambulantes hacían buen negocio vendiendo pequeñas banderas chilenas, bebidas, bolsas de maní, mote con huesillos, cerveza y empanadas.

La reforma establecía que las compañías norteamericanas serían compensadas por el “valor libro menos las utilidades excesivas.” El valor libro lo determinaba la Contraloría General de la República, y las “utilidades excesivas” las definía el presidente, quien estableció que ganancias por encima del 12% eran un exceso. Una vez que se hizo el cálculo se decretó que a Anaconda (Chuqui y El Salvador) y Kennecott (El Teniente) no les correspondía compensación alguna. De hecho, las compañías le debían a Chile unos 400 millones de dólares (casi 3 mil millones de dólares en plata de hoy).

El diario The New York Times se refirió a este sistema compensatorio como un “nuevo concepto legal que reduce la valoración potencial de las propiedades [mineras].” Esta doctrina fue idea de Eduardo Novoa Monreal, un jurista controvertido e influyente. Además de discurrir esta forma ingeniosa de nacionalizar el cobre, Novoa trabajó en la estrategia legal que le permitió al gobierno expropiar cientos de empresas manufactureras sin que el Congreso aprobara legislación al respecto. Para ello se usó el método de las “requisiciones,” instrumento administrativo cuyo origen era el DL 520 emitido durante la República Socialista, en 1932. Esta estrategia se conoció como los “resquicios legales” y fue severamente criticada por la oposición.

Lo anterior es bastante conocido. Pero, lo que casi nadie sabe -o, casi nadie recuerda- es que en el desarrollo de la doctrina de las “utilidades excesivas” también trabajó el futuro Premio Nacional de Literatura, Armando Uribe, quien, como abogado y al igual que su padre (exministro de Ibáñez), se había especializado en derecho minero. El tercer miembro del triunvirato de juristas que elaboraron la controvertida tesis fue Sergio Insunza, un abogado comunista e íntimo amigo de Neruda, que fungió como ministro de Justicia del doctor Allende durante los últimos meses de la UP.

Como era de esperar, al gobierno de Richard Nixon no le pareció nada de bien que Chile no pagara por las propiedades expropiadas. El propio presidente estadounidense le había informado al embajador chileno saliente, Domingo Santa María, que, si en el proceso expropiatorio se “ven afectados los intereses de ciudadanos y corporaciones estadounidenses, y si no reciben una compensación adecuada, tendríamos que salir en su defensa ... Habría represalias de nuestra parte, no de tipo militar, sino de naturaleza económica.”

En la UP hubo dos visiones. De un lado, las voces pragmáticas representadas por Orlando Letelier y Max Nolff abogaban por algún pago, aunque fuera simbólico. De otro, los jefes de partidos y la mayoría de los dirigentes optaron por la visión combativa y la expropiación sin compensación. Esta última perspectiva fue la que predominó, con costos tangibles para Chile, ya que el país sufrió un férreo bloqueo económico y financiero de parte de USA.

Esta historia es contada con profundidad y detalles en el libro “Chuquicamata” recientemente publicado por Pascale Bonnefoy. Es una obra magnífica, lectura obligada para quienes quieran entender nuestra historia, y el origen de Codelco y de nuestro cobre.