La decisión del gobierno de presentar una “ley corta de pensiones” es un paso en la dirección correcta. Un paso necesario, pero insuficiente. Una ley corta que se queda corta y que llega con seis años de retraso.
En septiembre del 2015 se publicó el informe de la Comisión Bravo, un texto de casi 250 páginas con 58 propuestas específicas sobre cómo mejorar las pensiones.
La primera de las 58 sugerencias era expandir la cobertura del pilar solidario al 80% de la población. La propuesta número dos era aumentar los montos del citado pilar en forma sustancial. Vale decir, nada nuevo bajo el sol en la “ley corta” anunciada por el presidente.
Pero, seis años no pasan en vano. Lo que en el 2015 era adecuado, ya no lo es. El “pilar solidario” es excesivamente burocrático, complejo y difícil de navegar. Tiene demasiados componentes -PBS, APS, PMAS-, y demostrar que se está dentro del umbral requerido es engorroso y, muchas veces, humillante. Esto lo entendió perfectamente la Comisión Bravo, al punto que las propuestas tres y cuatro sugerían cambiar los mecanismos de acceso a la pensión solidaria.
Hoy hay acuerdo entre los expertos– incluyendo la OCDE – que lo adecuado es implementar una Pensión Básica Universal. Todos los pensionados deberían recibir una pensión base del mismo monto, que les garantizara un determinado ingreso. La cantidad que se menciona para la PBU es la línea de la pobreza, aproximadamente 180 mil pesos mensuales. A ella se suma la pensión contributiva.
Si esta PBU se le pagara a todos los actuales pensionados– cerca de un millón de personas – su costo bruto sería entre el 1.2% y el 1.4% del PIB, y su costo neto (que es el que importa) cerca de 0.5% a 0.65% del PIB. Esta es una cantidad importante, pero no es exorbitante. Si se eliminan suficientes exenciones, la PBU se puede financiar sin arriesgar la solvencia de la república.
En la actualidad, la mediana de las pensiones de quienes contribuyeron menos de cinco años es de 150 mil pesos (solidaria más contributiva). Si el componente solidario (el espagueti formado por PBS+APS+PMAS) es reemplazado por una PBU en la línea de la pobreza, la pensión mediana total subiría a 321 mil pesos. Vale decir, para esa persona típica, con menos de cinco años de contribuciones, la pensión más que se duplica.
¿Cuál sería la tasa de reemplazo para esta persona?
Alguien con menos de cinco años de contribuciones, típicamente labora en el mercado informal; es un trabajador/a por cuenta propia que se desempeña en su casa o en la calle. De acuerdo al INE, la mediana de ingresos de estos trabajadores por cuenta propia es aproximadamente 200 mil pesos por mes. Vale decir, para un trabajador informal tipo, implementar una PBU resultaría en una tasa de reemplazo de más del 150%.
¿Cómo afecta una posible PBU a las clases medias? Definamos “clase media” como quien está, exactamente, en la mitad de la distribución de ingresos y de la distribución de pensiones.
En términos de pensiones, esa “persona tipo” contribuyó tan solo durante 20 años, y tiene una pensión total de aproximadamente 208 mil pesos. De otro lado, el ingreso mediana en Chile, es de 420 mil pesos. Entonces, la tasa de reemplazo de esta persona representativa de la clase media es, hoy en día, de 49.5%. (208 dividido por 420).
¿Cómo cambiaría esto si se implementa una PBU?
La pensión total subiría desde 208 mil a 328 mil pesos, lo que significa un aumento del 58%. La tasa de reemplazo pasaría del 49.5% al 78%. Ambos aumentos importantes; mucho mayores de lo que habitualmente se discuten.
Esta columna, repleta de números, es bastante nerd. Eso es deliberado y tiene un triple objetivo.
Por un lado, mostrar que el tema pensiones es complejo, mucho más complicado de lo que los activistas sugieren. En segundo lugar, señalar que las pensiones son bajas porque los salarios son muy bajos, especialmente en el sector informal. Aún con una tasa de reemplazo del 100%, las pensiones de los informales serían solo 200 mil pesos. Por último, para señalar que, si bien la ley corta va en la dirección correcta, es posible hacer mucho más por medio de una PBU, cuyo costo marginal no es excesivo. Pero claro, ello requiere audacia para eliminar una mayor cantidad de exenciones - ¿alguien dijo diésel? -, pero “audacia informada y razonable” es, justamente, lo que falta en nuestro Congreso nacional, institución que ha sido víctima de una pandemia de populismo. De eso se están salvando pocos.
Finalmente, debe notarse que una PBU que cubra a todos los actuales pensionados es solo un primer paso. Luego se debe ampliar a todos los adultos mayores, aun a aquellos que no han participado en el mercado laboral remunerado, grupo conformado, especialmente, por mujeres que han dedicado su vida a los cuidados de sus familas.
