Columna de Sebastián Edwards: Pensiones y Boric, respuestas antiguas para un problema recurrente
Las pensiones están en el centro de la campaña presidencial y de los debates de la Convención Constitucional. Candidatos y convencionales prometen terminar con los abusos y las malas pensiones, eliminar las AFP e introducir solidaridad de todo tipo. Pero, si uno escarba y usa una perspectiva histórica encontrará que los “grandes” cambios propuestos tienen muy poco de novedosos. Con escasas excepciones – la más importante es la pensión básica universal (PBU)-, son ideas que han estado dando vueltas por años, muchas de ellas malas.
En marzo 1970, a pocos meses de la elección presidencial en la que triunfaría el doctor Salvador Allende, la prestigiosa revista Panorama Económico dedicó un número completo a la reforma de pensiones. El artículo principal se titulaba “Crisis pensional ad portas”, y explicaba que el sistema imperante era injusto, regresivo, ineficiente, repleto de corrupción y estaba completamente desfinanciado. El resto de los textos revisaban las reformas propuestas por los distintos sectores políticos, incluyendo la CUT.
Un breve barrido histórico: La primera ley de seguridad social, ley que incluía un breve acápite sobre pensiones, fue promulgada por el presidente Arturo Alessandri, el 8 de septiembre de 1924, y fue revisada por medio del Decreto 34 de marzo de 1926. En agosto de 1952 se aprobó la Ley 10383 sobre el “Seguro Obligatorio”, la que en 1968 fue modificada por medio del DFL 163.
Estos cuerpos legales introdujeron un sistema obligatorio que pagaba pésimas pensiones y era enormemente caro de administrar. Ya en los años 50 la Misión Klein-Saks, conformada por “sabios” internacionales, apuntó que una de las principales causas de la inflación en Chile era el financiamiento inorgánico del sistema de pensiones, sistema que discriminaba entre obreros y empleados. Éstos, a su vez, tenían distinto trato dependiendo de quién era su empleador.
Para acceder a una pensión, un obrero tenía que tener 65 años de edad y haber contribuido al sistema durante 800 semanas, es decir más de 15 años. Además, tenía que tener una densidad de contribuciones de a lo menos 50% (Artículo 37, Ley 10383). Vale decir, de acuerdo a estas reglas, cerca de 40% de los actuales pensionados recibirían una pensión contributiva idénticamente igual a cero. En contraste, algunos empleados se jubilaban con el 100% del salario después de tan solo 15 años de contribuciones. Es interesante notar que a fines de los años 50 la esperanza de vida de los varones era de 55 años; hoy es de casi 80 años.
Paradojalmente, de todas las propuestas de reforma que hay sobre la mesa, la menos novedosa es la de Gabriel Boric. Además de la ya mencionada PBU, componente que proponen todos los candidatos, la propuesta de Boric es sumar dos sistemas: uno de reparto, financiado con contribuciones del 6%, y uno de ahorro colectivo financiado con contribuciones del 12% del salario imponible.
Desde luego, un sistema de reparto no tiene ninguna novedad. Es volver a ese pasado que ya en 1970 todos los partidos políticos querían corregir. En el programa de Boric este componente de reparto financiaría las transferencias “solidarias” inter e intra generación. Vale decir, no es otra cosa que un impuesto al trabajo aparejado de una vaga promesa de una prestación en el futuro. La promesa es vaga porque la demografía le juega seriamente en contra. Cada vez habrá menos trabajadores activos pagando ese 6%, en relación a los pensionados. Es decir, o las pensiones financiadas por este mecanismo caerán cada año, o el sistema se desfinanciará enormemente.
El segundo componente del plan Boric es un ahorro colectivo con cuentas nocionales. Las contribuciones de todos los trabajadores se juntan en una gran masa, la que es invertida, por un ente monopólico y estatal, en instrumentos financieros. A cada persona le anotan, nocionalmente, su aporte, y la pensión que recibirán tendrá relación con lo aportado y con la rentabilidad del fondo colectivo. Esta idea tampoco es novedosa. Lo paradojal es que este era el modelo favorito de los altos oficiales del Ejército durante la dictadura. Para ellos la idea de cuentas individuales administradas por organizaciones privadas de giro único, que competían entre sí, era “peligrosa”. Los fondos acumulados llegarían a ser cuantiosos y serían una especie de “botín”, por lo que preferían que esa función la cumpliera un organismo estatal y monopólico, supervisado por la contraloría y por la burocracia de turno.
Pero el problema más serio es que es altamente probable que este monopolio estatal propuesto por Boric maneje los fondos de manera menos eficiente que las entidades privadas que compiten entre sí, lo que resultaría en menores retornos, menores acumulaciones y, eventualmente, menores pensiones.
Entre las propuestas de los candidatos, la más atractiva es la de Sebastián Sichel. Una PBU, mayores contribuciones, y mayor competencia entre las administradoras, incluyendo una administradora estatal. Como dijo Mao, que “florezcan 100 flores”, que compitan 100 entidades y que sean los trabajadores los que decidan a quién quieren confiarles sus ahorros para la vejez.
