Durante las primeras horas del jueves empezó a circular en las redes sociales un archivo llamado “FINAL FINAL.” Se trataba del acuerdo firmado por representantes de los partidos de gobierno para “perfilar” la nueva constitución (NC), en caso de ganar el Apruebo el 4 de septiembre. Es un texto corto, pobremente escrito, oportunista, insípido y banal.
Como Fernando Atria expresó en un diario de la capital, el propósito del documento no es ofrecer grandes reformas a la reforma. De lo que se trata, dijo Atria con su habitual soberbia, es de clarificar algunos aspectos de la NC que los del Rechazo han tratado de tergiversar. No es un texto reformista, sino que una explicación para los confundidos, para los ingenuos y para aquellos que Atria y sus colegas aún no logran iluminar. Aunque el acuerdo menciona que la reelección presidencial inmediata no será permitida, y habla de fortalecer la disciplina fiscal, Atria tiene bastante razón: es un texto superficial que cubre cuestiones más bien semánticas. Ninguna de las verdaderas preocupaciones de la ciudadanía está incluida en la lista de “perfilamientos”.
La tinta en el comunicado no se había alcanzado a secar cuando aparecieron las críticas de ex convencionales y de partidarios del propio gobierno. Los ex convencionales más histriónicos insinuaron traición, y dijeron que había que aprobar lo escrito sin condiciones, y que cualquier cambio o reforma debía esperar después del plebiscito. En un raro ataque de sinceridad, el presidente del Partido Comunista Guillermo Teillier dijo “No podemos garantizar todas estas cosas”. Daniel Jadue, sumó su voz a las críticas y apuntó que el acuerdo era una hipocresía.
El mítico beisbolista Yogi Berra dijo que “la contienda no se termina, hasta que se termina”. Es decir, nada es definitivo, hasta el final. Esto es, desde luego, válido para el plebiscito de salida. Sin embargo, y con el respeto que Yogi merece, todo pareciera indicar que el 4 de septiembre el Rechazo terminará arriba y que la propuesta de NC no se transformará en realidad.
Bajo ese escenario de triunfo de “rechazar para Reformar”, la pregunta clave es cómo se encauzará el proceso a partir del 5 de septiembre.
Dos cosas están claras: Primero, la Constitución actual está muerta y tiene que ser reemplazada. Segundo, la ciudadanía desconfía de los políticos y de los acuerdos de cocinería. Esta desconfianza sugiere que una constitución escrita por el Congreso no tendrá el apoyo transversal y muy mayoritario que el país requiere para retomar la senda de la paz. El desafío, entonces, es cómo lanzar un nuevo proceso que sea participativo y democrático, pero que no tenga los vicios (ni el show) de la CC que terminó el 4 de julio.
He aquí una propuesta que incorpora las experiencias recientes en Islandia e Irlanda:
1. Una Convención formada por 310 personas establece los principios y lineamientos generales de la nueva constitución.
2. Los 310 convencionales provienen de dos grupos. La mitad (155) son elegidos por votación directa. La otra mitad (155) son elegidos por sorteo. Este segundo grupo es un verdadero espejo de la sociedad.
3. Los 155 que son elegidos por votación popular llegan a la convención a través de un proceso que incorpora la paridad y que respeta el principio de “una persona un voto”. Vale decir, el número de escaños reservados debe reflejar el porcentaje de ciudadanos que votan por candidatos indígenas. En otras palabras, los votos indígenas no tienen mayor peso que el de los no indígenas.
4. Los candidatos independientes deben tener el patrocinio de algún partido político.
5. Si el sorteo para nombrar la segunda mitad de la convención está bien diseñado, sus miembros van a reflejar a la población. Un poco más de la mitad serían mujeres, un 15% disidencias sexuales, y un 12% personas que se identifican como indígenas. En este grupo habría jubilados y jubiladas, dueñas de casa, obreros, pescadores artesanales, mineros, panaderas, cuidadoras, y personas con oficio comunes y corrientes, personas con características que no estuvieron representados en el proceso anterior.
6. Esta nueva convención contrataría a un grupo de juristas que, bajo su estricta dirección, en forma abierta y transparente, y en sesiones transmitidas al público, escriben el texto. Al ser juristas los que redactan las normas (bajo la dirección de la convención), se evitan los bochornos y ambigüedades del borrador actual.
7. Los 310 tienen que aprobar el texto redactado (bajo su supervisión) por los juristas por 2/3 de sus miembros.
8. Una vez que lo anterior sucede, se hace un plebiscito de salida. Si más del 50% aprueba este nuevo texto, tenemos una nueva carta fundamental.
Algunas personas – especialmente de derecha – objetarán este modelo, aduciendo altos costos, cansancio, y dando otras excusas. Creen que es posible volver a los mecanismos antiguos y que todo el trabajo lo haga el parlamento. Me temo que ese modelo ya no funciona en un país convulsionado que quiere paz y prosperidad con participación, transparencia y democracia.
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