Columna de Sebastián Izquierdo: El grito agonizante de las isapres

En 2020, la industria de aseguradoras privadas de salud experimentó utilidades extraordinarias en comparación a periodos anteriores, producto de la postergación de prestaciones médicas provocada por la pandemia. Sin embargo, en 2021 esta tendencia se invirtió y todas las isapres experimentaron pérdidas históricas, que llegaron a los $137 mil millones, y para el primer semestre de este año, anunciaron pérdidas acumuladas de más de $70 mil millones. Esta situación fue suscitada principalmente por la reactivación de los servicios aplazados; el aumento exponencial de licencias médicas; y la imposibilidad de ajustar sus precios más allá de la UF. Así, la suma de todos estos hechos llevaron a que las isapres no puedan (aparentemente) cubrir los costos incurridos por los efectos tras la crisis sanitaria.

A todo lo anterior se suma la judicialización por el alza de precios de los planes de salud, a pesar de la aprobación en forma unánime de la Ley 21.350. Esta normativa tuvo como objetivo primordial acabar con dicho proceso, delegando en la Superintendencia de Salud la potestad de definir el tope máximo que las isapres pueden subir el precio base, cuestión que con anterioridad lo fijaban las mismas aseguradoras. Si bien a inicios de este año el aumento máximo fijado por el regulador sectorial ascendió a un 7.6%, solo en abril ya habían ingresado un total de 160.742 recursos de protección. Este jueves -con el fallo de la Corte Suprema- las isapres sufrieron una dura derrota, dejándolas con menos oxígeno aún.

¿Podríamos estar frente a una quiebra de las isapres? El solo hecho de plantearse esta interrogante es preocupante, pues ha llevado a que algunos prestadores privados (clínicas) deban no solo suspender los convenios con las aseguradoras privadas más riesgosas, sino también ajustar sus planes de inversión por no percibir, a tiempo, los ingresos provenientes de las isapres. Así, se ha producido una disputa entre algunos actores de la industria y las autoridades en la materia. Mientras los primeros advierten que las aseguradoras en cuestión no contarían con las garantías de los pasivos suficientes para cumplir con su déficit, los segundos descartan esto último, afirmando que no ha habido incumplimiento de la Ley que establece que estas deben tener un 100% de las garantías respaldadas. Es más, describen esta presunta insolvencia como una situación de “dificultades”, catalogándola como “ciencia ficción”.

En un escenario especulativo: ¿qué le pasaría a una persona si su isapre quiebra? Para dar respuesta a esta pregunta, es necesario tener claro que estas aseguradoras poseen dos grupos de pacientes: no cautivos y cautivos. Los primeros, equivalente a cerca del 60% de los afiliados, pueden moverse sin problema de una isapre a otra, pues no representan un gran “riesgo” financiero para la empresa. Sin embargo, el casi 40% restante no corre con la misma suerte. Por preexistencia o edad, son considerados personas más propensas a tener algún problema de salud, por lo que no pueden moverse fácilmente de una isapre a otra. Así, quienes se encuentran en este grupo, lo más probable es que en el caso de que sus aseguradoras caigan en insolvencia, no podrán cambiarse a otra, por lo que tendrán que esperar a que el Estado licite su caso. Como lo más probable es que ninguna isapre pueda ­–ante una eventual desaparición– ni quiera tomarlos, serán ingresadas al sistema de Fonasa. Sí; su nueva previsión en salud la manejaría la institución que hoy tiene al sistema con más de 330.000 cirugías y 2 millones de consultas de especialidad en espera, y 63 mil casos de patologías GES con plazo vencido (por dar solo una pincelada).

Llevamos más de 10 años en un “tironeo” constante entre la izquierda y la derecha, para definir cuál es el modelo más indicado para reformar nuestro mal regulado sistema de salud. Considerando esto, y que el programa del actual Mandatario busca transformar las isapres en seguros complementarios, voluntarios y privados, para crear un fondo único de salud destinado a Fonasa, no es de extrañar que la “desaparición por secretaría” de estas aseguradoras no le signifiquen mayor preocupación al Gobierno. Pero si la realidad supera la ficción, se dificultará aquella “ingeniería de transición” de los 3,3 millones de personas que están hoy en las isapres. En esta línea, aquella promesa de tener “puros ganadores” con la reforma planteada por el Ejecutivo, se verá prontamente desechada.

*El autor es coordinador académico del CEP.