La violencia desenfrenada está azotando nuestro país. “¡Un plomazo, mamahuevo!”, gritaba un hombre mientras las balas atravesaban el aire en un after clandestino en Lampa, dejando cinco muertos y siete heridos. En Bajos de Mena, la tragedia golpeó cuando un niño perdió la vida a manos de su hermano de 14 años, quien manipulaba un arma que encontró en la calle. Quilicura tampoco se libró de la violencia: un grupo de sujetos disparó ráfagas de balas, acabando con la vida de cuatro menores. Esta ola de homicidios ha alcanzado incluso a las fuerzas policiales. Sin ir más lejos, un carabinero fue apuñalado hoy en Peñalolén, quedando en estado de gravedad.
Mientras todos nos encontrábamos aún perplejos por la envergadura de esta seguidilla de hechos macabros, el Presidente Boric anunció la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad en Santiago para 500 internos, la cual estaría lista en un plazo de dos a tres años. Si bien es necesaria, la medida resulta insuficiente. ¿La razón? El sistema penitenciario ya está colapsado al 135% de su capacidad, 59.600 personas privadas de libertad en un sistema con capacidad para 42.000. En los últimos cinco años, la población carcelaria se ha disparado un 42%, mientras que la capacidad solo ha aumentado un 3,7%. Es decir, solo más literas, no más metros cuadrados.
Cabe decir que en la situación actual la violencia no termina al encarcelar al delincuente. El entorno, atiborrado por la sobrepoblación, se ha transformado en un caldo de cultivo para el crimen organizado. Las regiones más afectadas son Atacama (233%) y Maule (197%), con un hacinamiento alarmante. Esto ha dificultado la gestión penitenciaria, pues, dado el desborde físico y organizacional del sistema, se están mezclando a reos primerizos con delincuentes avezados, propiciando así una especie de “escuela del crimen”. A su vez, esto ha llevado a que individuos peligrosos puedan liderar bandas extorsivas y de comercio ilegal, tanto dentro como fuera de las cárceles. En estas circunstancias, las condiciones de vida dignas, la segregación de los reclusos y, sobre todo, la reinserción son meras ilusiones. Una quimera.
Por lo demás, las bandas criminales internacionales, como el Tren de Aragua, también han hecho de las suyas. La migración desregulada que vivimos ha tenido consecuencias, aumentando en un 517% la presencia de extranjeros en las prisiones en la última década. La situación es tan crítica que los reos extranjeros ya superan en proporción a la cantidad de extranjeros residentes en el país (tal y como lo indica el boletín “Voces CEP”, publicado recientemente).
¿Perderá Chile el control de sus prisiones? La situación actual es crítica. No podemos darnos el lujo de esperar más. La violencia en las calles y el hacinamiento carcelario son dos caras de una misma moneda, del resultado de un sistema penal y de seguridad que está fallado. En esta línea, se agradece la propuesta del Mandatario y su gobierno –actitud bastante más propositiva que la “indignación” que salió a mostrar la jefa comunal de Santiago a menos de 24 horas de anunciada la propuesta–, pero no podemos reducir la mejora del sistema a la construcción de una sola cárcel. Es una condición necesaria, pero lejos de ser suficiente. Lo que no hay duda es que urge dicha cárcel de alta seguridad, también otras para reos comunes y, sobre todo, una profunda reforma a Gendarmería de Chile. Si no invertimos en ello, todos, sin excepción, podríamos terminar tras las rejas.
Por Sebastián Izquierdo R., coordinador académico CEP
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