Columna de Sebastián Izquierdo y Gabriel Ugarte: La paradoja de la pobreza en Chile
Proponemos establecer dos líneas de pobreza, para propietarios y arrendatarios, como ya se hace en Estados Unidos. La Comisión para la Actualización de la Pobreza en Chile está considerando esta medida y presentará sus conclusiones a finales de año.
Chile ha sido un caso destacado a nivel mundial por su sostenida reducción de la pobreza. Desde 1990, cuando la tasa de pobreza por ingresos alcanzaba un 68,5%, el país ha logrado una disminución continua hasta llegar al 6,5% en 2022, con la única excepción del periodo de la pandemia. Este notable avance ha sido motivo de reconocimiento, pero la última baja ha generado sorpresa, especialmente considerando el contexto en que se produjo: un estallido social y una pandemia que desencadenaron una crisis social y económica. En este marco, surge una creciente preocupación tanto por la estrategia utilizada para alcanzar esta reducción como por la precisión de su medición.
Entre 2017 y 2022, la tasa de pobreza disminuyó del 8,5% al 6,5%. Aunque este logro puede parecer contraintuitivo, se debe en gran medida a las ayudas estatales, que compensaron con creces la caída de los ingresos propios de los hogares durante ese periodo. En otras palabras, este resultado evidencia que los hogares aún no habían recuperado los niveles de ingresos previos a la crisis económica. Esta situación contrasta con la estrategia predominante en los 90 y la década posterior, cuando la reducción de la pobreza estaba impulsada principalmente por el crecimiento económico. En ese periodo, el alto crecimiento reducía la pobreza y daba a las personas las herramientas para valerse por sí mismas.
Un segundo factor que contribuyó al aumento de los ingresos de los hogares en 2022 fue el alquiler imputado. Este concepto se aplica a los hogares propietarios de su vivienda, quienes, al no pagar un arriendo, disponen de recursos adicionales para cubrir otras necesidades. Para comparar su bienestar con el de los arrendatarios, se les imputa un ingreso ficticio, equivalente al valor de mercado del alquiler, como si estuvieran arrendando su propia vivienda. Entre 2017 y 2022, este componente aumentó en un 29% en los hogares del primer quintil. Este aspecto ha sido mayormente ignorado, a pesar de que el alquiler ahora representa el 45% de sus ingresos, frente al 30% de hace solo unos años.
Aunque este aumento no debería sorprender, dado el conocido déficit habitacional y la demanda provocada por la migración, el problema radica en que la metodología vigente para actualizar el alquiler no ha sido lo suficientemente precisa. Una simulación que realizamos en un artículo en la revista Estudios Públicos sugiere que la tasa de pobreza habría sido del 9,1% si se hubiera utilizado un factor de ajuste más adecuado, aunque no perfecto, pero disponible.
La práctica internacional recomienda el uso del alquiler imputado en las medidas de pobreza absolutas, como la de Chile (CEPAL 2018; NASEM 2023), pero el verdadero desafío radica en su medición y actualización. Es probable que, si contáramos con una medida del alquiler imputado suficientemente robusta y actualizable en el tiempo, las cifras de pobreza serían diferentes.
Mientras tanto, proponemos establecer dos líneas de pobreza, para propietarios y arrendatarios, como ya se hace en Estados Unidos. La Comisión para la Actualización de la Pobreza en Chile está considerando esta medida y presentará sus conclusiones a finales de año.
Con una nueva metodología la pobreza será más alta. Afortunadamente, el presidente ha creado una comisión para mejorar la medición y ha reafirmado el compromiso de seguir trabajando para reducir la pobreza. Más que un imperativo estadístico, un deber moral.
Por Sebastián Izquierdo y Gabriel Ugarte, Investigadores CEP.
