El surgimiento de los estados modernos está íntimamente ligado a la demanda de seguridad proporcionada por autoridades centrales. Por esa razón, los ciudadanos pagaron inicialmente impuestos y entregaron el monopolio de las armas al Estado. Todo el surgimiento de las reglas del Estado de Derecho emergen desde ahí. Renunciamos a la autotutela y delegamos la soberanía a cambio de protección de la autoridad común. Incluso dotamos al Estado de medios y FF.AA. para brindarnos seguridad frente a la invasión o amenazas de otros Estados. El problema de la modernidad es que el Estado se ha visto frágil en esta tarea.
¿Qué pasa si el Estado deja de brindar seguridad de la manera debida?, ¿qué pasa si no puede contener la amenaza de las bandas armadas organizadas? Hay tres respuestas posibles: la de los anarcocapitalistas o libertarios puros que creen que la salida posible es la autotutela y el uso de armas privadas (hermanos Kaiser); la de los neopopulistas de izquierda, que absortos creen que este es un problema comunicacional -no hay crisis sino manipulación de los otros sectores- o simpelemnte es un problema derivado de la desigualdad; y finalmente quienes, como yo, creen que el probelma es la falta de capacidad técnica y modernización del Estado que nos ha llevado a una frivolización del debate político, espiral que sólo fortalece al crimen organizado.
Los Estados modernos enfrentan mafias organizadas -narco bandas- que no solo tienen normas propias, sino muchas veces suplantan al Estado en el territorio y tienen mayor poder de fuego. En Chile esto ha llegado al paroxismo: zonas de la Araucanía están sometidas al terrorismo, bandas dictan la pena de muerte o los castigos más allá de la capacidad punitiva del Estado en la RM y territorios de comunas completas están sometidas al narco, incluído el comercio ambulante y la falsificación de marcas. En un debate serio, la única solución que cabe es entender que se quiere más y mejor Estado. Pero acá la izquierda es frívola y rebate el que debería ser su principal argumento. En el pasado, debilitando los sistemas de control estatal -no olvido el Programa presidencial de Boric y su promesa de viviendas para inmigrantes irregulares- o, simplemente descartando mayor inversión o actuación en seguridad por temores atávicos.
Para los que no tenemos miedo en defender el Estado no por comodidad electoral, es acá dónde se debe creer en el Estado: primero en las FF.AA. y Carabineros como parte del poder democrático y del estado de derecho para proteger la seguridad – acá no es cierto lo que dice la ministra Vallejo, no hay contexto que justifique en democracia creer más en los delincuentes que en Carabineros- y segundo, como parte de la capacidad de organización, poder de fuego y normas que condenen y aíslen a quienes amenazan al Estado y sus ciudadanos.
Existe hoy una necesidad práctica, hoy el Estado debe usar toda su fuerza para combatir el crimen organizado mientras mejora su capacidad operativa para detener a quienes incumplen la ley. Hay un deber ético para disuadir que ocurran los delitos. Ser timoratos en esta materia a estas alturas es absurdo: cualquier jefe de hogar sabe que de entrar un ladrón a su casa usaría toda su fuerza para proteger a su familia. Es exactamente lo contrario a lo que hace el gobierno. No usar sus medios o dudar de ellos no solo es una irresponsabilidad, sino que a esta altura es simplemente complicidad con el delito. Falta entender que, de triunfar las bandas organizadas, lo que desaparecen son los Estados civilizados. Hoy vivimos una guerra de naturaleza distinta, entre un Estado organizado y una mafia delictiva. Y en varias zonas de nuestro país, esas mafias están ganando.
Estamos en riesgo de llegar a ser un Estado fallido, incapaz de tener el control real de todo su territorio: hay grupos delictivos que en determinados territorios fijan la ley e imponen sus reglas. Hace unos días estudiaba por qué Ñuñoa -manejada por Revolución Democrática- era la comuna en que más crecían lo delitos de alta connotación social anualmente (21% vs 6% en Santiago o -1% en La Reina o -4% en Peñalolen). Alguna pista esta en lo que ha ocurrido con la cantidad de cámaras de seguridad (estudio UDP). Ñuñoa tiene menos cámaras de seguridad que comunas de igual tamaño y recursos (Ñuñoa 170 vs Quilicura 550 o Providencia 281). Pero quizás el argumento más claro lo dan algunos concejales del FA: no había que invertir más porque esas cámaras “nos podían espiar”. Es exactamente la misma lógica que está tras al ninguneo a los pobres y a las multas para votar, o su rápido giro en materia de migraciones.
Lo del FA no es un asunto de convicciones sobre el valor del poder estatal, es simplemente u asunto de oportunidad o prágmatismo. Se quiere más Estado para tener más burocracia que controlar (en el caso de Ñuñoa, triplicando los nuevos funcionarios en la Corporación Municipal o en el Litio con la creación de empresas estatales), pero no para invertir o transferir poder o seguridad a los ciudadanos.
El Estado existe para proteger a quien cumple la ley: hace del débil el poderoso a la luz de la seguridad estatal. Pone a la familia, al profesor, al carabinero, al cumplidor, al amparo de la ley. Y somete al peso de la sanción al poderoso: al delincuente, al incumpidor, al que se toma una propiedad ajena, al que salta un torniquete. Pone cámaras para brindar seguridad, no las esconde para proteger los potenciales delitos. Castiga a quién delinque, no lo indulta. No hay política más liberal que dotar al Estado de mayores armas y herramientas para combatir el delito. Al igual que no hay herramienta de justicia más podereosas que incentivar a que todos voten. Y no hay nadie más conservador que quién debilita al Estado en esta materia. Esos son lo cimientos de cualquier estado social de derecho. Y la base de toda libertad.
En algún lugar muchos del Frente Amplio tendrán que explicar que es para ellos ser progresistas. Hasta ahora más bien han sido canallas del progreso: porque en materia de seguridad y en el tema electoral, parecen siempre estar del lado de los poderosos.
Por Sebastián Sichel, abogado y ex candidato presidencial.
