Columna de Sergio Hernández: La violencia afecta a Chile, la minería y sus proveedores

La violencia en Chile, en sus distintas formas, está cada vez afectando más los valores más preciados por la humanidad, como son la vida, la calidad de vivirla, la libertad y la propiedad de las personas. En efecto, los robos, las encerronas, los secuestros con extorsión, los incendios provocados por pirómanos, los asesinatos con cruel ensañamiento de las víctimas, las amenazas a las familias por el crimen organizado, los préstamos ilegales exigiendo pagos bajo las peores amenazas, los comercios asaltados, los beneficios carcelarios y judiciales a delincuentes o procesados otorgados probablemente por miedo a sufrir graves ataques personales o a las familias, se han hecho habituales en Chile desde hace un tiempo.

Recientemente, Minera Michilla ha sufrido un asalto y robo de cátodos de cobre con inusitada violencia contra sus trabajadores y una empresa de transportes asociada a Aprimin ya no transporta cátodos por precaución y cuidado de sus trabajadores. Estamos viviendo las consecuencias, como una de las más importantes causas, de propagar políticamente algunos principios fundados en erróneas razones sociológicas, que explican estos fenómenos delictivos en la falta de oportunidades de las capas sociales más vulnerables, ignorando que las personas de menores recursos se esfuerzan día a día por sostener a sus familias legítimamente y que son precisamente las más afectadas por estos graves delitos. Una expresión de esta perversa doctrina es el desprestigio a las policías acusándolos por cualquier actuación de violar los derechos humanos de delincuentes -lo que si efectivamente llegara a ocurrir es prontamente investigado-, negándoles los mejores medios necesarios para defenderse de los ataques en su contra y en contra de la población civil. Especialmente preocupante es que se pretenda aplicar a la fuerza pública las limitaciones de la legítima defensa, obligándolos a repeler los ataques con medios proporcionales a los de los delincuentes de todo tipo, ignorando que estos cuentan con la ventaja de ataques sorpresivos, con armas que no se conocen por la fuerza pública afectada, integrada por personas de carne y hueso que soportan el riesgo de sus vidas por el orden público y defender a la población. Las policías y, en casos en que les corresponde actuar también los integrantes de las Fuerzas Armadas, son verdaderos héroes en defensa de la gente, sus vidas y sus bienes.

Por otra parte, en un Estado de Derecho es precisamente el Estado el único que tiene el privilegio del uso legítimo de la fuerza; negarle ese exclusivo derecho, que a su vez es su obligación, es equipararlo al delincuente, fomentando sus perversiones y destruyendo la paz social.

Por estas razones, no nos ha parecido bien que resoluciones del Ministerio del Interior obligue a muchas empresas, al calificarlas de estratégicas, a contratar fuerzas de seguridad privadas, empleando armas, con los consiguientes riesgos para las empresas y para las personas que contraten para estos efectos. Con el agravante que estos guardias privados armados, no tienen la legitimidad, ni el respaldo que el Estado le debe siempre dar a la fuerza pública. A pesar de que Chile cuenta con una nueva ley de seguridad privada, que permitirá regular dicha industria con nuevos criterios y requisitos para fortalecer su rol, estamos convencidos que el Estado no puede evadir de esta forma su obligación de darle seguridad a la población, lo que debe hacer solo por medio de las instituciones que el país se ha dado para su defensa y seguridad: es su deber constitucional que en Derecho no puede delegar ni siquiera en instituciones públicas que no tienen ese rol, menos en particulares.

Hacemos un llamado a todas las fuerzas que desean la paz a levantar la voz en todos los rincones de Chile a defender estos principios, para tener la esperanza de volver a tener un país que invierte, que crece, que reduce la pobreza y en el que podamos darle a nuestros hijos y nietos la vida que se merecen.

Por Sergio Hernández, director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería