El elemento más pernicioso del proyecto de Constitución elaborado por el Frente Amplio y el PC en la Convención, y respaldado por Gabriel Boric, es la plurinacionalidad. Su fundamento es la segmentación racial de la población para crear artificialmente tantas naciones como etnias haya en el territorio (once). Tal iniciativa, motivada por intereses sectarios, es la más grave amenaza concebida contra la unidad de Chile en toda su historia. A sus ideólogos no les importó crear condiciones para el estallido de múltiples conflictos político-raciales, ni debilitar al Estado en el ámbito geopolítico, ni alentar el separatismo. No puede extrañar, entonces, la pregunta de Evo Morales al militante del FA que le regaló un ejemplar del proyecto: “¿Vamos a ganar el referéndum?”
La plurinacionalidad está ligada al establecimiento de las llamadas “autonomías territoriales indígenas” a lo largo del país, una suerte de enclaves racialmente homogéneos, que gozarían de autonomía política, administrativa y financiera. ¿Podrían vivir chilenos no indígenas en esos lugares, o habría un proceso de limpieza étnica? Imposible mayor delirio. Y obliga a pensar en Temucuicui, en La Araucanía, que ya impuso su autonomía de facto, como le consta a la ministra del Interior. ¿Cuántos Temucuicui surgirían al margen de las leyes chilenas? ¿Le preocupa esto a algún senador del PS, la DC o el PPD?
El artículo 79 del proyecto incluye restituir a los pueblos originarios “sus tierras, territorios y recursos”. Dado que se trata de tierras que tienen propietarios legales, es dable anticipar una ofensiva de ocupaciones ilegales para forzar la expropiación. Y todo ello en el contexto del bandolerismo y el terrorismo en la Macrozona Sur. ¿Con cuántas hectáreas se conformaría Héctor Llaitul, que anunció esta semana que la CAM se concentrará en realizar acciones de sabotaje?
El artículo 309 del proyecto dice: “El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que, en virtud, de su derecho a la libre determinación, coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia”. ¿Acaso existen esos sistemas jurídicos indígenas? ¿Funcionan en alguna parte tribunales que no conocemos? ¿Se publicó quizás un código penal mapuche, y no estamos enterados? ¡No hay nada de eso! Se trata de beatería indigenista, como lo es también establecer odiosos privilegios para los “pueblos o naciones originarios”, que, si llegaran a materializarse, provocarían justificada indignación.
Es deplorable que, en el momento en que está en juego el futuro del Estado nación, el Presidente de la República haga campaña por un proyecto que plantea inmensos peligros de desarticulación de Chile. O no está consciente de ello. O no le importa. Hace apenas un año, era difícil imaginar una situación tan desgraciada como esta.
