Los parlamentarios de gobierno y de oposición que se encuentran negociando los términos de un posible acuerdo constitucional, tienen el deber de considerar la compleja situación por la que atraviesa el país. No pueden actuar como si estuvieran en una burbuja en la que pueden operar al margen de la dura realidad de estos días, en la que sobresalen la crisis de la seguridad pública y las dificultades derivadas del estancamiento económico.
Ha durado demasiado la incertidumbre sobre las bases del Estado de derecho, pues eso es precisamente la Constitución. Es indispensable despejar ese punto, para lo cual se han creado mejores condiciones después del triunfo del Rechazo. Hoy, nadie parece dudar de la necesidad de preservar el Estado unitario y descartar, por lo tanto, la idea del Estado plurinacional. Tampoco nadie parece cuestionar el rango institucional del Poder Judicial y del Senado. Es valioso el acercamiento de posiciones que, por lo demás, tienden a valorar lo construido por la República bicentenaria.
Será mejor que las negociaciones no hagan complicado lo que puede ser sencillo. Si hay acuerdos sustantivos, el camino más expedito es formalizar los acuerdos en el Congreso Nacional. No tiene sentido elegir una nueva convención. Los senadores y diputados tienen plena legitimidad para definir la forma y el fondo de los cambios. Tienen facultades que no pueden volver a ceder.
El eventual acuerdo constitucional exige ante todo un compromiso explícito con los fundamentos de la democracia representativa de parte de todos los partidos que tienen existencia legal. La cuestión de la lealtad con los principios y procedimientos democráticos separa las aguas. Allí se define no solo la gobernabilidad, sino también la posibilidad de sostener el pluralismo y la alternancia en el poder. Eso implica condenar sin dobleces la violencia como método político y respaldar el monopolio de la fuerza por parte del Estado.
La mayor amenaza que enfrenta hoy nuestra convivencia está representada por la alianza del extremismo político y el crimen organizado, que han demostrado, sobre todo a partir del 18/O, tener comunidad de intereses. Esto se ha expresado, por ejemplo, en el persistente empeño por debilitar e inhabilitar a Carabineros, institución indispensable de nuestro ordenamiento jurídico. El Estado democrático no puede retroceder frente a tal amenaza y el gobierno que está en funciones debe tenerlo definitivamente claro.
Hay que poner fin a las veleidades frente al terrorismo, el vandalismo y el bandolerismo, cualesquiera que sean las banderas o excusas utilizadas. El Estado debe garantizar que ninguna zona del territorio nacional esté al margen de la aplicación de las leyes. Tiene que proteger a la población con todos los medios disponibles y en cualquier circunstancia, De ello dependen la paz, la libertad y la vigencia del derecho.
Por Sergio Muñoz Riveros, analista político
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