Por Sergio Muñoz Riveros, analista político
En abril de 2013, Michelle Bachelet incorporó al abogado Fernando Atria a su segunda campaña presidencial con el fin de que contribuyera a estudiar el objetivo programático de elaborar una nueva Constitución. En su primer mandato (2006/10), Bachelet había promulgado 9 leyes con 30 reformas a la Constitución, pero no había propuesto reemplazarla. Atria llegaba, pues, a definir las líneas del cambio.
Atria cuestionó entonces el camino de acumulación de reformas a la Constitución recorrido por los gobiernos concertacionistas, por permitir que la derecha vetara los cambios no compartidos. Esa vez, afirmó: “Si una reforma es capaz de pasar a través de las normas vigentes, esa es garantía de que esa reforma no soluciona nada, solo reproduce el tema. Con la reforma de Lagos se dijo con esto se soluciona el problema, pero lo único que hizo fue mantener el problema exactamente igual” (El Mostrador, 23/04/2013). Atria consideraba que el cambio debía venir desde fuera, en lo posible de una asamblea constituyente. En aquella entrevista, dijo: “El problema constitucional chileno es algo que tendrá que resolverse por las buenas o por las malas”.
Como se sabe, el triunfo del No en el plebiscito de octubre de 1988 pasó “a través de las normas vigentes”. En julio de 1989, otro plebiscito, enmarcado en las mismas normas, aprobó 54 reformas constitucionales. En diciembre del 89, la victoria de Aylwin pasó a través de esas normas. Luego, con nuevas reformas incorporadas, pasaron seis gobiernos. Y hace poco, Atria se convirtió en convencional y Boric en Presidente con las normas del texto reformado una y otra vez.
En muchas disquisiciones constitucionales de este tiempo, el país parece apenas un paisaje. El ejercicio de las libertades parece un regalo de no se sabe quién. Las elecciones libres cayeron del cielo. La certeza jurídica es una planta silvestre. La burbuja refundacional simplemente no ha dejado ver al Chile real, que vive en democracia y no está dispuesto a perderla.
Atria tuvo su gran oportunidad en la Convención. Es uno de los legítimos inspiradores del borrador que está circulando. Se trata de un verdadero sistema de trampas, en el que resalta la exaltación de los intereses del corporativismo indígena, al que se le concede el rol de vanguardia de la sociedad. La plurinacionalidad es un intento de segmentación racial de la población con el fin de constituir una decena de “nuevas naciones”. Surgiría un archipiélago de zonas autónomas. Quedaría consagrada la desigualdad ante la ley. La educación quedaría sometida al control total del Estado. El sistema político sería un calco de la Convención. Y ahora, las pillerías para la eventual transición, entre ellas la de sacar por secretaría a ministros de la Suprema, jueces y fiscales.
Hemos recibido una cruda lección acerca de cómo se puede hundir Chile. Aún podemos impedirlo.
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