Por Sergio Muñoz Riveros, analista político
Los partidarios de aprobar el proyecto de la Convención están contribuyendo indirectamente a reforzar los recelos de mucha gente. Razonan como si estuvieran defendiendo el programa de un gobierno de las izquierdas unidas. O como si lo único que les preocupara fuera derrotar a la derecha. Incluso, como si el objetivo fuera producir transformaciones de tal envergadura que, en otros tiempos, habrían calzado con la idea de “hacer la revolución”. En este caso, sería “escribir la revolución”, y después, ver qué pasa.
Eso explica que el texto sea farragoso y pontificador, una especie de instructivo para ser felices del modo imaginado por los colectivos que se asociaron en la Convención, y que incluyeron todo aquello que, por ser parte de sus creencias intensas, querían que quedara escrito en piedra. Por ejemplo, una Cámara de Diputados calcada de la Convención que les hizo tocar el cielo. O sea, con escaños de raza y esa singular paridad de género que consiste en “corregir” los resultados de las elecciones: si un candidato/a obtiene votos suficientes para ser elegido/a, pero resulta ser del “sexo electoralmente equivocado”, tiene que ceder su lugar a alguien del sexo correcto. Sumamente progresista.
Lo que se espera de una Constitución democrática es que asegure la igualdad ante la ley, el ejercicio de las libertades y una competencia política fundada en el principio de “una persona, un voto”, que resguarde los derechos de las minorías. Para ello, se requieren límites y contrapesos institucionales que impidan la concentración del poder. En otras palabras, todo lo que es negado por el proyecto de la Convención.
Se ha calificado el texto que respalda Boric como “partisano”. El diccionario de la RAE dice que partisano es sinónimo de “guerrillero”. O sea, combatiente. Y sucede que, desde una perspectiva democrática, una Constitución de trinchera es, en rigor, una anti Constitución. No es lo que necesita Chile, pues contradice el propósito de asegurar la paz, la libertad y el derecho.
Jorge Correa Sutil ha propuesto buscar un consenso en torno a un texto de “contención constitucional”, que establezca reglas políticas claras y renuncie a cualquier intento de fijar un modelo económico-social, lo que implica dejar muchas materias en el ámbito de las leyes. Vale la pena explorar la viabilidad de esa propuesta, en cuyo núcleo debería estar el reforzamiento del Estado unitario, la división de poderes y las normas procedimentales propias de una democracia moderna. La opción de un texto acotado y funcional podría facilitar un acuerdo post plebiscito.
Se ha dicho que, independientemente del resultado del 4 de septiembre, habrá que seguir debatiendo. Eso es razonable, pero no puede entenderse como que da lo mismo que gane una u otra opción. Lo primero es evitar el descalabro, vale decir, cerrarle el paso al proyecto sectario y su carga de confrontación.
