Es real la posibilidad de que el “Rechazo” triunfe en el plebiscito del 4 de septiembre sobre el proyecto de Constitución que saldrá de la Convención. Y sucede que hace apenas dos meses, las encuestas mostraban una amplia ventaja del “Apruebo”, la que pareció verse reforzada por la elección de Gabriel Boric. ¿Qué pasó, entonces? Pues, que se empezaron a conocer los acuerdos de la Convención, y se hizo evidente para amplios sectores la amenaza de extravío, retroceso y decadencia del país. Ha sido vertiginoso el desencanto de quienes creyeron que del proceso iniciado el 15 de noviembre de 2019 iba a salir algo positivo.
Sobran los motivos para oponerse a un texto que no está concebido como Constitución de la República de Chile, sino como programa de la izquierda arcaica. Han sido ilustrativos el sectarismo, la soberbia y el autoritarismo de los controladores de la Convención, embriagados por la sensación de que están refundando Chile. Ha quedado en evidencia que numerosos convencionales simplemente no creen en la democracia representativa. Ni en el universalismo de los DD.HH. Ni en la igualdad ante la ley.
¿Podría haber terminado de otro modo este proceso si fue concebido bajo el chantaje de la violencia? Hay quienes aún lo creen, y se esfuerzan por explicar cuál era “el verdadero significado” del 80% del plebiscito de entrada, cuando la mayoría de los ciudadanos creyó que era la forma de asegurar la paz. Qué dura lección nos queda. La Convención fue un experimento perfectamente inútil, que incrementó la incertidumbre y metió al país en un laberinto.
Se especula ahora sobre lo que podría venir si triunfa el “Rechazo”. Incluso Boric dio la impresión de ponerse el parche antes de la herida al decir que el gobierno estaba considerando todos los escenarios. Como sea, es preferible que los líderes políticos no se pongan demasiado creativos. El país no puede salir de un atolladero para meterse en otro. Por desgracia, es lo que podría ocurrir si prosperan cosas tan extravagantes como… ¡elegir otra convención! O proponer una segunda boleta, una tercera vía u otras ocurrencias, todo lo cual demandaría nuevas reformas constitucionales. No tiene sentido. Hay que priorizar la estabilidad institucional y, por lo tanto, hacer los máximos esfuerzos para que el país no se deslice hacia una crisis mayor que nadie desea. Ojalá lo entienda el gobierno.
No estamos en tierra de nadie y, para no tropezar de nuevo, solo nos sirve la legalidad democrática. Por lo tanto, corresponde que el Congreso se encargue de encauzar, junto al Presidente, el debate sobre los cambios constitucionales. Lo primero es examinar rigurosamente lo que hemos construido en muchos años. Y luego, precisar aquello que necesitamos conservar y aquello que es sensato cambiar. Esa es la vía que sostiene el pacto de las libertades y protege el interés nacional.
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