Última semana del año y, mientras los colegios hacen sus balances finales, revisemos el trabajo legislativo del Ministerio de Educación, el que estuvo lejos de destacar por sus avances y logros significativos. En la presentación de la agenda 2022, el ministro Ávila anunció siete ambiciosas iniciativas de ley, destacando reformas a la educación pública, al sistema de aseguramiento de la calidad, al sistema de acceso y financiamiento de la educación superior, incluyendo la condonación al CAE. Sin embargo, ninguna vio la luz. La tónica se repitió durante el año: solo anuncios, ausencia de directrices claras y plazos reales de presentación.
Revisemos los números: luego del período de “sequía legislativa”, el gobierno presentó solo dos proyectos de ley relativos a educación, uno en superior y otro en escolar. Ambos apuntaban a postergar la vigencia de leyes anteriores. Por un lado, la fijación de los aranceles regulados para la gratuidad en educación superior y por otro, la “Ley Miscelánea”, para retrasar el traspaso de colegios desde 37 municipios a seis Servicios Locales de Educación Pública, junto con suspender la evaluación docente por dos años. Esto último, bandera de lucha del Colegio de Profesores, fue rechazado en primer trámite y una moción de la senadora Provoste vino a salvar al ministro frente a la presión del gremio, a cambio de introducir temas puntuales y específicos que no tenían directa relación con la idea matriz e inicial del proyecto, sino más bien con una agenda y compromisos personales. Pese a la celebración del ministro por la aprobación de éstos, el manejo en su tramitación, demostró un liderazgo debilitado y mala relación con los parlamentarios.
Se puso urgencia a diez proyectos de ley, dos del gobierno anterior y el resto mociones parlamentarias. Si bien éstas se alinean con la agenda del ministro, tienen un efecto limitado, buscando eliminar normas que no son de su agrado y así preparar el terreno para alguna de las reformas anunciadas. Por ejemplo, la moción que elimina el cierre de escuelas por desempeño insuficiente, pretende cuestionar el sistema de evaluación y de aseguramiento de la calidad, para así plantear uno que, entre otras cosas, ponga fin a las pruebas que miden aprendizajes, con las que el sector oficialista nunca ha estado de acuerdo.
Un segundo ejemplo -y gracias al buen criterio de una mayoría parlamentaria- se rechazó la moción de diputados oficialistas que buscaba regular el uso de las horas de libre disposición en la jornada escolar completa, restringiéndose a los equipos directivos a destinar esas horas en asignatura obligatorias, que les permitiría, por ejemplo, recuperar aprendizajes. Lo anterior no solo transgredía la libertad de enseñanza, sino también era una señal más de desmantelar normas que no son de su gusto.
Mientras parlamentarios presentaron cerca de 40 mociones y las comisiones de educación del Congreso parecieran sesionar sin un rumbo claro, es necesario que el Ejecutivo ejerza sus atribuciones de colegislador, dialogue con las fuerzas políticas y priorice una agenda capaz de enfrentar la crisis educacional, dejando de lado motivaciones ideológicas.
Por Simón Pinto F., investigador legislativo de Acción Educar
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