Columna de Sofía Jordán: 40 horas: Efectos e incentivos desde una perspectiva de economía laboral y libre competencia

El proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas que presentó el gobierno tiene como objetivo responder a las demandas de la ciudadanía por relaciones más equilibradas entre trabajo y vida personal. Según datos del ministerio del Trabajo, ya cientos de empresas se han acogido voluntariamente a esta política. Así, vale la pena analizar desde un punto de vista económico cuáles son los incentivos y restricciones que enfrentan las compañías de distinto tamaño y los posibles efectos en el empleo, materias donde la economía laboral y la libre competencia entregan herramientas de análisis útiles.

En primer lugar, los modelos económicos que tradicionalmente han estudiado el mercado laboral establecen que las empresas operarían en un contexto de competencia perfecta. El supuesto clave es que tanto las empresas como los trabajadores son prácticamente iguales entre sí, por lo que existe movilidad perfecta e inmediata entre empleadores. Lógicamente, esto se aleja de la realidad.

En 1993, el reciente Premio Nobel de Economía David Card, junto a Alan Krueger, se preguntaron cuál sería el modelo económico más apropiado para estudiar los mercados laborales. Esto derivó en su investigación - hoy considerada absolutamente elemental - en la que demuestran que en las cadenas de comida rápida en Estados Unidos un aumento del salario mínimo no resultaba en niveles de desempleo más altos, derribando así una de las grandes predicciones de la economía neoclásica. Una vez que estas empresas tuvieron que atenerse a una regulación como la de salario mínimo, no se vieron en la necesidad de despedir trabajadores puesto que siempre tuvieron la capacidad de pagar más. Con evidencia empírica y una metodología rigurosa, Card y Krueger mostraron que las empresas tienen más poder de mercado del que se creía, y por lo tanto, pueden fijar salarios y condiciones de empleo que no son las competitivas. Hoy, hay cada vez más evidencia empírica demostrando que los mercados del trabajo son más concentrados que los de productos. En ese sentido, y así lo han entendido autoridades de todo el mundo, el rol que puede tener la libre competencia en el contexto laboral es reducir el poder de mercado de las empresas y mejorar el poder negociador de los trabajadores.

En el caso de Chile, una reducción de la jornada es similar a un aumento del salario. Bajo el análisis anterior es posible entender que si hoy hay empresas que se acogen a esta política es porque económicamente tiene sentido: reducen la jornada - lo que equivale a pagar más - porque quieren retener a sus empleados, atraer a aquellos que trabajan para la competencia, disminuir costos asociados a mayor rotación y que las personas se sientan más cómodas con sus horarios de trabajo.

Ahora bien, dado que las pequeñas y medianas empresas se desenvuelven en ambientes de mayor competencia el ajuste puede ser más costoso. Por lo tanto, ofrecer programas de capacitación - como aquellos comprometidos por el gobierno - que formen capital humano y una fuerza laboral más productiva es clave. Queda ver cómo estas medidas propuestas se diseñan y concretan en una parrilla de programas moderna y con foco en un mejor uso del tiempo y mayor productividad. Esperemos que la política pública de capacitaciones avance en esta dirección.

* La autora es economista e integrante de Red ProCompetencia.