Sorpresa ha causado el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al rehusarse a entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico (AP) a Perú para el periodo 2023. El argumento estaría en no alentar, con el liderazgo de la Alianza, un gobierno que AMLO considera espurio y cuyo régimen validaría indirectamente.
Lo cierto es que, más allá de las críticas que ha generado la Presidenta Dina Boluarte, el Presidente de México no puede instrumentalizar la gobernanza de un acuerdo de integración para plasmar su visión de política exterior. Con ese actuar, México se aparta de la llamada doctrina Estrada, que establece la ausencia de intervención en el funcionamiento de un gobierno extranjero ante vicisitudes en la cabeza de su conducción, limitándose a la mantención o retiro de agentes diplomáticos como forma de manifestar su juicio de valor o reproche. Esta tesis adquiere su nombre, precisamente, de un ex canciller mexicano, Genaro Estrada, y se basó en los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos cuando México estrenaba su ingreso a la Sociedad de las Naciones en la década de los años 30, bajo la Presidencia de Pascual Ortiz Rubio.
Claro está que la situación peruana es compleja. La historia es conocida, y luego de la destitución del expresidente Castillo, quien se disponía a disolver el Congreso en un autogolpe, que rememoró los tiempos del expresidente Fujimori, Perú se ha gobernado al amparo de una sucesión constitucional, como lo hizo en tiempos de Paniagua y Vizcarra. También es cierto que el gobierno de Boluarte no ha estado exento de críticas por la forma en que se han enfrentado las protestas en distintas regiones del país, con resultado de personas muertas y lesionadas. Se han abierto investigaciones para indagar estos hechos y la propia CIDH ha realizado una visita al país.
Pero el Presidente de México, con su bloqueo, solo agrava el conflicto y politiza un esquema de integración que desde su creación en 2011 no ha visto afectada su estabilidad, ni con los cambios de gobierno de turno en sus países fundadores ni con los vaivenes políticos propios de cada uno de estos Estados, respetándose su imparcialidad y propósito en construir un área de integración que promueva competitividad y crecimiento económico, articulando políticas en una proyección más allá de Latinoamérica, en especial con la región de Asia Pacífico. De hecho, así lo ha entendido el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP), órgano que reúne a empresarios de los países miembros y cuya coordinación general ya fue transmitida de México a Perú, asegurando con este hecho la continuidad de sus funciones y la estabilidad de los fines de la AP.
Esperemos que el Presidente de México siga este ejemplo y que la anunciada consulta al Grupo de Río (mecanismo que incluye a países que no forman parte de la AP), respecto a la entrega de la presidencia pro tempore, no sea una excusa para eventuales dilaciones. La política exterior no es un espacio para la expresión de preferencias personales, ni ensayos voluntaristas.
Por Soledad Alvear, abogada
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