El lunes 12 de diciembre pasado, los partidos políticos alcanzaron finalmente el Acuerdo por Chile luego de más de tres meses de negociaciones llevadas a cabo a partir del triunfo de la opción Rechazo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre del presente año.
Escribo estas líneas para apoyar decididamente este acuerdo político y abogar por la pronta aprobación de la reforma constitucional que lo implementará.
En primer lugar, hay que valorar la capacidad existente en nuestro país para alcanzar acuerdos tan relevantes como el logrado. Todos los sectores que concurrieron a su suscripción han debido ceder en sus posiciones originales para llegar a un acuerdo que los interprete. Con ello ha triunfado el diálogo de buena fe y la apertura a tomar en consideración la posición de los otros. Este espíritu de construcción de acuerdos es lo que más necesita nuestra patria en la hora presente.
En segundo lugar, se ha cumplido la palabra empeñada en la campaña del plebiscito de salida del 4 de septiembre por la enorme mayoría de las fuerzas políticas que participaron en ella, de que sin perjuicio del resultado obtenido nuestro país necesita una nueva y buena Constitución. El que se haya llegado a este acuerdo honra el ejercicio de la política en su concepción más noble.
En tercer lugar, cabe destacar que en el acuerdo todos sus suscriptores hayan coincidido en la necesidad que la propuesta de texto constitucional fuese elaborada por un órgano elegido en su integridad por sufragio universal, paritario y con participación de representantes de los pueblos originarios como será el Consejo Constitucional.
En cuarto lugar, cabe destacar el relevante rol que le asigna el acuerdo logrado a la Comisión Experta, encargada de elaborar un anteproyecto de nueva Constitución y de acompañar el proceso subsiguiente de elaboración de la propuesta de nueva Constitución. Los integrantes de esta comisión serán elegidos por la Cámara y el Senado, órganos plenamente democráticos, por lo que se trata de una elección indirecta. Con ello el Consejo Constitucional podrá partir la deliberación de las normas constitucionales con un texto concreto y con coherencia interna entre sus normas, evitando muchas de situaciones producidas en la Convención Constitucional pasada que condujeron en muchos casos a la elaboración de grupos de normas que no conversaban entre sí. Se logra de esta manera una síntesis virtuosa entre la opinión experta y la legitimidad democrática, permitiendo de esta forma que se elabore un texto de alta calidad que refleje la voluntad expresada por el pueblo.
En quinto lugar, cabe destacar los 12 principios constitucionales contenidos en el Acuerdo por Chile que constituirá el marco de contenidos en que deberá moverse tanto la Comisión Experta como el Consejo Constitucional, existiendo el mecanismo de un Comité de Admisibilidad para resolver los requerimientos que se interpongan sobre esta materia.
Por Soledad Alvear, abogada
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