Hace unos días atrás, la Asamblea General de Naciones Unidas eligió a Chile, por 144 votos, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de su organización internacional, para ocupar un asiento en el grupo de América y el Caribe, para el período 2023-2025. Es la cuarta vez en la historia que Chile es honrado con esta distinción; en esta ocasión, junto a Costa Rica.
La Misión de Chile en la ONU jugó un papel particularmente eficaz en construir una mayoría para la candidatura nacional. Si bien este empeño venía desde 2009 y no se puede obviar el rol de las autoridades antecesoras, es un logro para Chile que debemos valorar.
Mecanismos internacionales y regionales, incluyendo los Comités, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, han sido establecidos para promover y proteger los derechos humanos en el mundo, lo que constituye un desafío permanente a nuestro liderazgo regional, que también trasunta a los cambios que enfrentamos en el ámbito interno. En los últimos años, nuestro país ha sostenido una consistente condena a la situación de los derechos humanos en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, y nuestro nuevo ingreso al Consejo de Derechos Humanos redobla la apuesta por la consecuencia de ese rol, fortaleciendo los canales de cooperación multilateral y el diálogo regional, sin claudicar en la denuncia decidida cuando los primeros caminos son superados.
Tenemos además una trayectoria reconocida de partida. En eso, la adhesión al Acuerdo de Escazú sumó valor al expediente nacional de cumplimiento de sentencias y recomendaciones en el sistema interamericano, que ha sido un espacio donde el liderazgo nacional también ha construido un activo indiscutido, y que hoy nos permite volver al Consejo de Derechos Humanos con la frente en alto.
Sin embargo, esto importa una responsabilidad a nivel nacional de seguir promoviendo nuestra institucionalidad de protección y promoción de los derechos humanos, en ámbitos como género, medioambiente, salud y protección de las libertades fundamentales. Para Chile, los derechos humanos son un eje transversal en su política exterior, lo que sin lugar a dudas nos impone un estándar interno a la hora de enfrentar debates, donde no podemos volver a politizar una política pública que nos debe convocar a todos en su defensa. Un ejemplo de esto fueron las polémicas vividas a propósito del trabajo del INDH en las protestas post octubre de 2019 y los intentos por capturar una institucionalidad hacia agendas activistas particulares. Felizmente, la labor de Sergio Micco en la dirección del organismo permitió que jugara el rol necesario. Lo ocurrido con el INDH no puede volver a suceder, si queremos en esta materia tener coherencia entre la política nacional e internacional en la materia.
Por Soledad Alvear, abogada
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