Ecuador se suma a la larga lista de países en América Latina con una crisis institucional que amenaza con la destitución del Presidente de la República. Guillermo Lasso activó el mecanismo constitucional de la muerte cruzada con la disolución de la Asamblea Legislativa, que de paso fuerza elecciones, donde su propio puesto está en discusión en los próximos seis meses. Eso no fue un golpe de Estado, porque está dentro de la institucionalidad. Aunque es muy poco estético salvarse a sí mismo del juicio político, no es un quebrantamiento democrático como sí era el caso del expresidente Pedro Castillo en Perú, donde quería simplemente colocar su poder por sobre el resto del Estado de manera autoritaria.
Que para las definiciones de la Ciencia Política sean temas diferentes, o que jurídicamente no sean equivalentes, no quita lo desafortunadas que son estas situaciones para la alicaída calidad de la democracia en la región. Al crónico problema de la corrupción y la atomización del número de partidos, debemos sumar ahora una suerte de permanente statu quo de los sistemas políticos, que se acostumbran a vivir en crisis sin que haya una solución que permita estabilidad para construir mejores políticas públicas y subir la calidad de vida. Es decir, a diferencia de otros períodos históricos, donde había consciencia de crisis (y muchas veces con desenlaces dramáticos como dictaduras o revoluciones violentas), hoy simplemente la inercia mueve la economía y las relaciones sociales. Por cierto, cualquier cosa es mejor que un autoritarismo del color que sea, pero la actual situación impide que las demandas sociales se canalicen por las formas adecuadas, mientras que, por otra, el Estado de Derecho se ve permanentemente debilitado porque el Estado no es respetado o no tiene capacidad de imponerse en todo un territorio jurisdiccional.
Es verdad que los intereses económicos no pierden siempre, porque demuestran que de alguna manera se adaptan a entornos más complejos. Sin embargo, la vida común y corriente se debilita. Casos como los de Ecuador y Perú abren la puerta a los populistas y los extremistas de todo signo. Como una tragedia griega, todos los actores saben lo que viene, y pareciera que nadie puede o quiere hacer algo. El propio Lasso al invocar la muerte cruzada está valiéndose de una de las herramientas más polémicas que Ecuador heredó del gobierno populista de Rafael Correa, del que muchos en su país prefieren ni recordar, y que, de paso, tiene el signo contrario total del actual Mandatario.
Este es parte del problema. La debilidad institucional no es patrimonio ni de la derecha ni la izquierda. Este factor es el que complica a operadores y políticos porque tienden a condenar cuando ocurre al frente y blanquear cuando ocurre en el propio barrio. Ecuador representa un caso en que todo vale. Es decir, la coherencia brilla por su ausencia en todos los sectores. El caso ecuatoriano no es una excepción aislada en un continente que olvidó la legitimidad de ejercicio. Fue advertido ya hace casi tres décadas por Guillermo O’Donnell con su estudio de las democracias delegativas. Pareciera que es solamente un problema de legitimidad de origen sin procesos de accountability horizontal. Presidentes elegidos que se comportan como reyes de autoridad divina y congresos que sienten estar en la Roma eterna sin control alguno. Ambos constituyen la receta del fracaso. Ahí está el drama de Ecuador, Perú y también en otros países de la región. No sintamos en Chile que estamos muy lejos. Hora de poner atención, porque estamos terminando de vaciar de contenido a la democracia.
Por Soledad Alvear, abogada
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