El Senado en estos días ha estado dedicado al nombramiento del futuro fiscal nacional. Creo que, en estos momentos, resulta imperioso concentrarse en delinear los desafíos que deberá enfrentar la nueva autoridad. Recordemos que, de acuerdo a la Constitución, el Ministerio Público es un órgano autónomo encargado en forma exclusiva de investigar los hechos constitutivos de delitos y la participación punible, como también, en su caso, de ejercer la acción penal pública. De igual manera le corresponde la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos.
Nuestro país enfrenta desde hace un tiempo un incremento de la criminalidad y un aumento creciente de la sensación de temor y de impunidad de la que hay que hacerse cargo.
El fiscal nacional del Ministerio Público tiene los siguientes grandes desafíos por delante:
El primero es el de ejercer un claro liderazgo en su institución, desarrollando las actividades del Ministerio Público, desde el punto de vista organizacional, de la manera más eficiente posible en sus objetivos de persecución penal.
El segundo consiste en desarrollar una activa coordinación con los otros órganos del Estado involucrados en su accionar. En especial esta coordinación muy estrecha debe darse con las policías con quienes debe realizar labores directas de investigación, reuniendo las pruebas y evidencias que sustenten posteriormente la acción penal ante los tribunales correspondientes. Una buena investigación, con buena calidad de evidencias, asegura con posterioridad las oportunidades de éxito que se podrán tener en el juicio correspondiente. También el Ministerio Público debe coordinarse con las demás instituciones que conforman el sistema de que dispone el Estado para enfrentar la comisión de los delitos y también con la comunidad. Solo una mirada sistémica y no por compartimentos estancos puede contribuir a tener un éxito en esta materia.
El tercero consiste en potenciar la cooperación mutua en materia penal con otros estados. Cada vez enfrentamos en forma más creciente la realidad del accionar del crimen organizado transnacional que requiere, para poder enfrentarlo, de la cooperación internacional ya sea para el intercambio de información, realizar diligencias de investigación como la declaración de personas o el comiso de bienes o bien para requerir en extradición a personas para ser juzgadas o cumplir condenas.
El cuarto está vinculado a la relación de la Fiscalía con los testigos y las víctimas de los delitos. La política criminal de cualquier Estado implica que órganos como el Ministerio Público deben orientar su accionar para perseguir la criminalidad más lesiva o más grave como lo es hoy el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, y los delitos de mayor connotación social, por mencionar algunos. Eso no significa, sin embargo, que deba descuidar la persecución de cualquier otro delito. No obstante, muchas veces, por falta de evidencias, será difícil aclarar y lograr sanción para todos los delitos. En estos casos, resulta indispensable que la Fiscalía desarrolle una cercanía con las víctimas de esos delitos, para explicar la situación y evitar en ellos la sensación de impunidad y desprotección. Tanto las víctimas como los testigos deben sentirse plenamente protegidos por el accionar de la Fiscalía y este es el último desafío que tiene el próximo fiscal nacional.
Por Soledad Alvear, abogada
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