Columna de Soledad Alvear: Estado Social como proyección de la dignidad humana

Por Soledad Alvear, abogada

Una de las recomendaciones que realizó la Comisión de Venecia, como observadora del proceso constituyente, fue que la propuesta constitucional debía intentar conseguir los más amplios consensos sociales, dado que solo de esta manera podría ser arbitradora del juego democrático y base de una convivencia social exitosa. Esa sugerencia no fue escuchada: el borrador no alcanza a concitar los mínimos consensos que eran de esperarse. Sin embargo, la esperanza de conseguir una Constitución que cumpla con las expectativas sociales sigue intacta. En otras palabras, todo muestra que los chilenos y las chilenas, si bien mayoritariamente rechazan de manera decidida varios ejes estructurales de la propuesta que se someterá a plebiscito -v.g. la fragmentación del país, el riesgo de cooptación de la justicia por intereses políticos o el debilitamiento de la igualdad ante la ley- mantienen vigente en sus conciencias morales la expectativa de vivir en una comunidad regida por un pacto constitucional cuya legitimidad no esté en duda y que sea capaz de poner las bases de una convivencia social justa. Por ello es que un grupo de académicos, de diferentes sensibilidades, hemos dado a conocer un documento que contiene las bases para construir un acuerdo constitucional alternativo. Este no solo tiene como eje el debido equilibrio entre los principios clásicos de igualdad y libertad como expresiones de la dignidad humana, sino que realza la dimensión social de esta última a través del principio de solidaridad.

En efecto, el reconocimiento de la dignidad humana no solo exige del Estado el respeto y garantía de los derechos individuales, sino también la construcción de una comunidad solidaria de ciudadanos interrelacionados y que institucionalmente asegure a cada uno de sus miembros acceso a condiciones existenciales mínimas que permitan, en la práctica, el ejercicio individual y colectivo de la libertad. Entendida en este sentido, el establecimiento de un Estado Social moderno es natural. Dicha garantía del Estado Social no pretende organizar a la sociedad a partir del Estado -es decir, fusionar Estado y sociedad, tal como lo hicieron algunos estados del siglo pasado que se declaraban como sociales-, sino de organizar, a partir de la dignidad humana, instituciones que puedan, por una parte, equilibrar correctamente los derechos de libertad e igualdad y, por otra, concretar mínimos necesarios para que las personas, en la práctica, puedan buscar su desarrollo material y espiritual en comunidad. Por cierto, en un Estado Social contemporáneo, la Constitución debe considerar también al principio democrático, por lo que no puede coartar que la sociedad civil y las fuerzas políticas puedan ofrecer fórmulas programáticas para alcanzar dichos objetivos sociales. También debe decirse que sin una Corte Constitucional robusta es difícil que pueda asegurarse la armonía necesaria entre todos estos principios.

Por ahora, ni la Constitución actual ni la propuesta por la Convención lo consiguen. Tenemos la obligación, por ello, de discutir alternativas. Su base debe ser la dignidad.