El vil asesinato de tres policías en Cañete nos ha conmocionado a todos por su ensañamiento y brutalidad.
Ello ha llevado a algunos parlamentarios a impulsar una iniciativa legal que pretende restablecer la justicia militar para que conozca, en determinadas circunstancias, de delitos comunes cometidos por militares en contra de civiles.
Una iniciativa de esas características es completamente contraria a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado en materia de derechos humanos. Como bien se ha recordado estos días, a propósito del caso Palamara vs. Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que nuestro país debía adecuar su legislación interna en términos que si se conserva la justicia militar ella solo conozca de delitos estrictamente militares cometidas por militares y entre militares, jamás delitos comunes.
También se ha recordado que la justicia militar actual en Chile dista mucho de cumplir las garantías judiciales mínimas que aseguren la independencia e imparcialidad, puesto que las investigaciones las conduce un fiscal militar, que es un funcionario dependiente de la respectiva institución militar y el juzgamiento lo realiza un oficial de línea dependiente del respectivo mando militar.
Por lo tanto, si hay que legislar en materia de justicia militar hay que hacerlo precisamente para cumplir el fallo del caso Palamara, circunscribiendo la justicia militar al conocimiento solo de delitos puramente militares cometidos entre militares y dotar a esa jurisdicción penal militar de las garantías propias de un debido proceso.
Este cambio lo propusimos el año 2007, cuando como senadora presenté un proyecto de reforma de la justicia militar (Boletín 4792-07), aprobado en general por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, discusión que hoy vuelve a la escena y que debiera enriquecerse con aporte de especialistas, a fin de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La tragedia ocurrida del conscripto Franco Vargas cerca de Putre, que ha llevado a su madre a solicitar que la causa se investigue por la justicia civil y no la militar, muestra la realidad y necesita abordarse responsablemente.
Legislar es una tarea muy delicada, requiere razonamiento y estudio, teniendo siempre presente que las leyes deben regular situaciones de manera universal y en el largo plazo, sin que los supuestos subyacentes a la ley provengan del dolor, la ira o la conmoción pública.
Fortalezcamos el Estado de Derecho, siendo consistentes con nuestra historia y no pensando en la próxima elección.
Por Soledad Alvear, abogada
