En una columna anterior formulé un urgente llamado para construir el más amplio consenso entre todas las fuerzas políticas representadas en el Consejo en la elaboración de la propuesta de nueva Constitución. Ello implica -dije- no solo construir un acuerdo entre las fuerzas que tienen la hegemonía en dicho Consejo, sino incluir también a la minoría.
También señalé que la Constitución no constituye un programa de gobierno, ni legislativo, sino un marco de reglas fundamentales compartidas por todos que organizan, distribuyen y limitan el poder en una sociedad democrática y promueven y garantizan los derechos humanos.
Finalmente, señalé que la gran mayoría de chilenos aspirábamos que las normas que se postulen se planteen con perspectiva histórica y no coyuntural y, por lo tanto, deben estar alejadas de cualquier tentación de ceder ente el populismo.
Desgraciadamente constatamos que este urgente llamado fue desoído. El texto que se someterá a plebiscito el próximo 17 de diciembre constituye -en disposiciones claves- el que la mayoría impuso a la minoría, contiene un programa político de un sector y diversas de sus disposiciones ceden ante el populismo. Ello implica que esta propuesta no será ni la casa común que aspirábamos, ni una que nos una.
Si se ha de hacer un balance de las disposiciones aprobadas, lo positivo que se puede rescatar del texto es que se hayan contemplado las 12 bases o principios constitucionales, y algunas normas sobre el sistema político y participación ciudadana, como de la regulación de los órganos autónomos y las normas relativas al medio ambiente. Dentro de lo negativo resaltan, entre otras, que la proclamación del Estado Social y Democrático de Derecho resulta desvirtuada en las normas que consagran derechos sociales como el del trabajo, seguridad social y educación, que resultan más rígidas incluso que la Constitución vigente, y que se contemplen normas claramente populistas como la expulsión de extranjeros que ingresan ilegalmente a Chile al más breve plazo, la exención de contribuciones, la objeción de conciencia sin bordes, normas sobre la administración de justicia y la disminución del número de diputados, sin atender a ningún criterio de representatividad o igualdad del voto.
Además, la propuesta contiene errores técnicos muy complejos, como son aquellos que ponen en riesgo de convertir en inconstitucionales una serie de regulaciones estatales que son actualmente materia de reglamento y no de ley, debilitando el derecho administrativo sancionador.
Me preocupa la modificación del quórum para reformas constitucionales. La propuesta constitucional eleva el quórum para realizar modificaciones a la Constitución de 4/7 a 3/5.
La contradicción entre los principios declarados, por una parte, y el desarrollo normativo de ellos por la otra, será fuente además de una enorme judicialización.
Ahora la ciudadanía tiene la palabra.
Por Soledad Alvear, abogada
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