Por Soledad Alvear, abogada
Estamos ante una realidad global compleja, donde muchas veces más es decir menos. La guerra en Ucrania es la punta de un iceberg que refleja la inmensidad de cambios globales que experimentará la comunidad internacional en los próximos años y décadas. La literatura en relaciones internacionales lleva un tiempo señalando que tanto las nociones de Estado y sistema multilateral están en profundo cuestionamiento. En este contexto, las propuestas en política exterior y defensa que contiene el articulado propuesto por la Convención Constitucional pueden ser muy bien intencionadas, pero no viajan en el tiempo ni se proyectan a las realidades cambiantes que existirán cuando las condiciones objetivas cambien.
Ciertamente apostar a la paz y la concordia de los pueblos es la prioridad de cada política exterior. Sin embargo, establecer cuáles serán las prioridades desprovistas del contexto o fijarles las tareas a gobiernos del mañana por la vía constitucional no parece razonable. Declarar a América Latina y el Caribe como zona prioritaria puede reflejar nuestra pertenencia cultural a un área del mundo, sin embargo, no refleja en nada nuestra vocación histórica, que viene desde la misma Independencia. El Pacífico es por definición hacia donde miramos, y por ello durante muchos años se trabajó fuertemente para tener presencia. Hoy pareciera que todo lo avanzado lo queremos desperdiciar. Por otro lado, se señala que es relevante la actividad transfronteriza de los pueblos originarios.
Tampoco se señala la relación entre la política exterior y la política de defensa, y ambas están directamente relacionadas. El concepto que más se repite es el establecimiento de una zona de paz o la promoción de aquella por parte de Chile. Esta es una noble decisión, pero que no depende exclusivamente de la voluntad nacional ni tampoco puede considerarse en una Constitución desprovista de contexto. Nuevamente el lirismo declarativo va en contra de un accionar más robusto y desprovisto de adjetivos que el día de mañana impidan avanzar más rápido.
Lo mismo ocurre en materia de la organización de la defensa nacional. Se innova en el lenguaje, pero en la práctica quedamos en el mismo lugar. Se señala en la propuesta que el Presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Es un avance frente al opaco rol que tiene en tiempos de paz en la actual Constitución. Pero se señala que lo ejerce a través del Ministerio encargado sin explicitar la forma y fondo de su gestión personal. Esto no sería complejo si es que no fuera que el texto mantiene en un rango constitucional la existencia de los comandantes en jefe de cada rama de las Fuerzas Armadas. Es decir, se pierde una oportunidad única para realmente haber ido en una dirección de verdadero control democrático. A diferencia de otros países (incluso en la región), no se instala un jefe de Estado Mayor Conjunto como máxima autoridad militar y que estuviese por sobre cada jefe institucional. Lo anterior era una señal de acción conjunta. Además, permitía que los ascensos y los mandos institucionales fueran menos autogestionados en cada institución. Finalmente era más y mejor control civil.
En suma, la propuesta constitucional en materia de política exterior y de defensa abunda en conceptos (muchos de los cuales podemos compartir), pero es poco clara en la articulación entre dos ámbitos muy interrelacionados de la acción del Estado. Además, el exceso de conceptos impide ser directos en el fin deseado, mezclando los medios con los objetivos. Impide al conductor estratégico del país, que es el Presidente de la República, tener la libertad de movimiento que necesita para tomar decisiones frente al exterior y la defensa nacional. Estamos en tiempos de profundos cambios en el mundo. Quizás los más relevantes en un siglo. No entiendo por qué la camisa de fuerza en usar tantos conceptos fuera de tiempo y espacio.
