La discusión sobre el derecho a la vida del no nacido y el aborto jugó un rol político y comunicacional relevante en los dos procesos constitucionales recientemente fallidos. De alguna forma la clase política polarizada vio en esta discusión una estrategia eficiente para exponer las diferencias entre distintos modelos de sociedad enfrentados. Mientras uno de los proyectos construía las bases constitucionales para la permisión del aborto libre, el segundo conducía a la imposibilidad, incluso, de su discusión. Como era de prever, la falta de ánimos de consenso así como la evidente carencia de prioridades de estas y otras discusiones, terminaron por alejar a los ciudadanos del apoyo que estos proyectos exigían. Se habló, en esos días, de proyectos “partisanos” y de una evidente orientación a las minorías. Las prioridades de la ciudadanía siguen centradas en los graves problemas de delincuencia y la asonada de la criminalidad organizada instalada en todo el territorio nacional y no parecen haber cambiado. ¿Qué podría explicar que el gobierno insista con un proyecto tan de nicho como el aborto libre?
En política, como decía un gran canciller alemán, pareciera que no es necesario tener la razón, sino más bien “que te la den”. A aquello apunta probablemente la estrategia de la ministra Orellana de desarrollar un discurso “de derechos sexuales y reproductivos” apelando, por ejemplo, a la necesidad de disminuir la mortalidad materna por aborto. Si bien es de amplio conocimiento que en Chile tenemos uno de los mejores indicadores de mortalidad materna de las Américas -cifras que echan por tierra la razonabilidad del discurso por falta de necesidad- la ministra se esmera en utilizar un argumento suficientemente persuasivo como para representar a aquel nicho identitario, pero intentando la persuasión política abierta.
Por otra parte la estrategia del Presidente de apelar solo a la política de la convicción, es “un tema de convicciones”, no solo rechaza la política entendida como el arte de aplicar aquella parte del ideal que las circunstancias hacen posible (Cánovas), sino que abandona la Ética de la responsabilidad (H. Jonas) haciendo imposible un avance en la discusión y llevándola a los mismos escenarios de los intentos fallidos de reformas constitucionales.
Se ha hecho evidente en los últimos años que existen diseños de políticas económicas insuficientes para las mujeres, desigualdad laboral, inequidad, por lo tanto, en los pasos que se den de parte del Estado para mejorar la salud con componentes de equidad será necesario no confundir el problema con la solución. Porque si algunos de los objetivos de una política pública verdaderamente feminista es reivindicar relaciones sanas con los hombres y con la maternidad, y con la corresponsabilidad y la coparentalidad, con una vida libre de violencia, una ley de aborto legal y libre es desde el principio un fracaso.
Por Soledad Alvear, abogada
