Luego de más de 10 años de intentos de reforma, la modificación a la Ley de Protección de Datos llega a comisión mixta en el Congreso Nacional. Esta larga, y porque no decirlo ilógica espera, contrasta con la evolución regulatoria que esta materia ha tenido en otros países y que ha sido incluso un elemento clave a la hora de definir nuevos estándares en acuerdos comerciales y relaciones entre estados.
Se trata de un proyecto clave, no solo desde la perspectiva de ponernos al día en materia de derechos fundamentales, sino que también como una forma de enfrentar nuevos paradigmas en la industria y mercados, como es el caso de la consolidación de la economía digital, cuyo “corazón” lo constituyen precisamente los datos, incluyendo los de las personas. Hoy por hoy, nuestro sistema legal “no da el ancho” para enfrentar estas nuevas tendencias y, es más, podemos incluso afirmar que los actuales esquemas significan un obstáculo para el desarrollo, poniendo en riesgo nuestra competitividad en pleno siglo XXI.
Así las cosas, esta nueva ley (que reemplaza a aquella vigente desde 1999, la 19.628) nos pondría a tono con el GDPR (Reglamento General de Protección de Datos Personales en el sistema europeo) innovando en conceptos legales, ámbitos y esferas de protección y creando una agencia especializada, cuestión largamente debatida en nuestra historia legislativa a propósito de haber optado por esta vía de autonomía institucional, en lugar de haber dotado al actual Consejo para la Transparencia, CPLT) de nuevas capacidades regulatorias en la materia, una cuestión debatible desde el punto de vista del modelo buscado. Aun así, hay que destacar que el CPLT podrá aportar conocimiento a partir del trabajo avanzado en la materia vía Decisiones, Recomendaciones y una nutrida jurisprudencia.
Incorporar estándares internacionales en materia de protección de datos y principios como el de legalidad y lealtad, finalidad, limitación al almacenamiento, exactitud y proporcionalidad nos permitirá ponernos al día como país, y también como mercado, incentivando tratamientos de información personal responsables y que promuevan más competencia, certeza y confianza.
Este cambio regulatorio representa un punto de inflexión regulatorio con efectos muy positivos para el país. Seguir el camino trazado por la Unión Europea a través del GDPR, que pone a las personas y sus derechos al centro, nos permitirá el reconocimiento formal de ese bloque económico, como “país adecuado” en materia de protección de datos personales, abriendo libre flujo de datos con esos 21 países fortaleciendo derechos y entregando certezas en los mercados.
Una legislación que lleva años esperando y que debiera ser poco vulnerable a los riesgos de captura ideológica o a los desbordes de una discusión legislativa estéril y voluntarista. Al final del día con la protección de datos todos ganaremos y los ojos de ciudadanos y consumidores están puestos en esta etapa, que esperemos sea el último paso.
Por Soledad Alvear, abogada
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