La situación en Perú muestra lo complejo de sistemas que son democráticos en lo formal, pero que están absolutamente vaciados de contenido. No basta con que exista un Presidente y Congreso electo. También es necesario dotar una institucionalidad que pueda canalizar las distintas visiones de la sociedad a través de partidos políticos, grupos civiles organizados y formas establecidas para resolver las diferencias entre los actores políticos. A lo anterior deben sumarse los líderes que entiendan que la honradez es una virtud de buen juicio y no la debilidad. Cuando vemos a los expresidentes peruanos, casi todos engrosan la lista de presidiarios y fugados de la justicia. Lo anterior deja en evidencia la triste situación en la que se encuentra la democracia de un país fundamental de la región.
El conocido politólogo peruano Martín Tanaka sostenía hace algunos años que parecía ser su país un caso de una democracia que avanza sin partidos. Con una institucionalidad débil, los resultados económicos seguían boyantes, con una estructura de crecimiento económico y un boom que al menos alcanzaba a percibirse en Miraflores y San Isidro, los distritos elegantes de Lima. También en algunas ciudades relevantes se veía cómo la pobreza disminuía y el mercado peruano se transformó en la estrella para la inversión extranjera. Sin embargo, la advertencia del propio Tanaka se haría carne cuando en los últimos años se evidenció que la democracia no avanza sin partidos, pues es incapaz de responder a las necesidades de las grandes mayorías. Finalmente, siempre termina por primar en esa anomia de canalización de respuestas la violencia y la inestabilidad. Como es obvio, la cuenta la pagan una vez más los pobres y olvidados de la riqueza.
El autogolpe de Castillo la semana pasada demuestra la ausencia de respeto por el Estado de derecho. Nos recuerda de estos personajes que tienen la percepción de una impunidad que tendría un Presidente para creer estar por sobre las demás personas. Es de aquellos que convencidos que la ley es para los tontos, terminan inexplicablemente cometiendo los errores más absurdos. Cuesta entender la conducta del Mandatario. Es complejo suponer que un asesor en su sano juicio le podría sugerir cerrar el Congreso, ajeno a toda legitimidad y legalidad. Sin embargo, es aún más incomprensible que cuatro países de tradición en la región, con líderes electos democráticamente apoyen una semana después al golpista. México, Argentina, Colombia y Bolivia ponen en tela de juicio lo más básico. La actitud acomodaticia de estos mandatarios es una vergüenza para toda la región y no podemos callarlo.
Es que los demócratas deben apoyar siempre la institucionalidad y estos cuatro líderes políticos creen que hay veces donde no es necesario, todo dependiendo de la ideología del golpista. Lo anterior no resiste análisis y los efectos están a la vista. Ya los incidentes en Arequipa y otras ciudades costaron la vida de seres humanos. La seguridad pública y la continuidad institucional peruana amenazada desde las calles y desde el extranjero. Los demócratas y amantes del Estado de derecho en el mundo no podemos mirar pasivos desde las tribunas. Denunciar el intento de desestabilizar la institucionalidad por parte del expresidente Castillo es una obligación moral. No caben dobles lecturas. Estos son tiempos complejos para la democracia en nuestra región de América Latina. Las crisis deben ser resueltas en el marco de la ley y no en la ley de la calle o del más fuerte. Hoy es en Lima, pero mañana puede ser en las calles de cualquiera de nuestros países, porque la democracia es frágil cuando no la ejercemos a diario.
Por Soledad Alvear, abogada
