De un padrón electoral de 15.173.929 de personas habilitadas para votar, 13.028.739 concurrieron a las urnas el pasado 4 de septiembre para pronunciarse acerca de si aprobaban o rechazaban la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención Constitucional, que representa un inédito 85,7% de participación electoral. Si a ello se le suman las casi 500.000 personas que concurrieron a excusarse de votar por concurrir causales de excepción y una buena cantidad de ciudadanos chilenos que se encontraban en el exterior pero no habían trasladado su inscripción al extranjero se puede concluir que prácticamente votaron todas las personas habilitadas para sufragar que pudieron hacerlo. Esto se debió preponderantemente a que el plebiscito de salida se efectuó con voto obligatorio.
Votaron en este plebiscito 4.664.258 personas más que en la segunda vuelta electoral de la elección presidencial del año pasado, rompiendo todos los récords de participación desde el plebiscito de 1988 que abrió el camino para la restauración de la democracia en nuestro país. Esto es un hecho enormemente positivo dado que desde 1992 en adelante había caído sostenidamente la participación electoral, hasta 2009 con voto obligatorio pero inscripción voluntaria, por lo que los que no querían votar, sencillamente no se inscribía en los registros electorales y especialmente a partir del año 2012 con el debut del voto voluntario. Los casos más agudos se presentaron en las elecciones municipales de 2016 en que votó escasamente un 34,83% del padrón electoral.
La participación electoral es un elemento fundamental de todo sistema democrático que dota de legitimidad a las autoridades electas por el pueblo o a las decisiones sometidas a plebiscito. En este sentido, podríamos señalar que la participación electoral es la savia que alimenta al árbol de la democracia. Sin este nutriente nuestras instituciones democráticas pueden verse carcomidas por dentro al no representar efectivamente la voluntad popular.
Es por ello que el sufragio no debe ser entendido sólo como un derecho de los ciudadanos sino también como un deber de participar para definir los destinos de la comunidad política a la que pertenecen. Un verdadero deber cívico que cada uno de nosotros debe honrar periódicamente. Por lo anterior resulta de vital importancia restaurar en la Constitución y en la ley el voto obligatorio para toda clase de elecciones populares que contemple nuestra Carta Fundamental. Para ello no deben extraerse cálculos electorales y de corto plazo en torno a pensar hacia dónde se dirigirán en el futuro los votos de los nuevos votantes, sino pensar en el país a largo plazo en la necesidad de fortalecer la participación ciudadana en definiciones políticas en que tenga que participar.
Hago un llamado al Gobierno y al Parlamento para trabajar con sentido de urgencia en aprobar prontamente la reforma constitucional y de la ley orgánica respectiva para restaurar plenamente el voto obligatorio.
Por Soledad Alvear, abogada
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