El acuerdo sobre una nueva Constitución se encuentra entrampado en un debate sobre la forma. El gallito entre los partidarios de un órgano 100% electo, principalmente ubicados en el oficialismo, y los de una fórmula mixta, defendida mayoritariamente por la derecha, amenaza con seguir quitándole sentido de urgencia a una demanda que más del 60% de los chilenos considera como pendiente para contribuir a resolver la crisis del sistema político o establecer un nuevo trato con la ciudadanía, aunque haya sido desplazada por las urgencias sociales.
Si bien la ciudadanía aparece mayoritariamente favorable a un órgano mixto, las encuestas dejan también en evidencia la importancia atribuida al voto popular para escoger al grupo de expertos quienes participarían en la elaboración del nuevo texto. Esto implica tener al 100% de los futuros integrantes electos. A la luz de estos resultados, la idea planteada por la derecha de revalidar al Congreso en el marco de un nuevo proceso constitucional suena a mero voluntarismo ante la nueva caída en la aprobación de su desempeño (17% según la última encuesta Cadem) y dado que solo una minoría está favorable a la designación de los redactores de un proyecto de nueva Carta Magna.
El dilema es cuando menos intricado, pues una eventual propuesta elaborada por un órgano 100% electo deberá también contar con la aprobación del 4/7 de ambas cámaras antes de ser sometida a plebiscito, lo que recuerda que la expresión directa de la voluntad popular quedó desvirtuada tras el plebiscito de salida. Fue entonces depositada en el Congreso y los partidos, mientras la elección indirecta se convirtió en un camino legítimo para dar continuidad al proceso constituyente. La conformación de un eventual órgano 100% electo no cambiaría esta realidad, reforzada tanto por los bordes constitucionales convenidos con el oficialismo como por el arbitraje destinado a asegurar su cumplimiento. Las condiciones de partida no podrían ser más distintas del modelo de la fallida Convención Constitucional. Entre los argumentos esgrimidos por la derecha para defender la opción de un órgano mixto, el más atendible releva el impasse que se produciría si el Congreso rechazara la nueva propuesta de texto constitucional emanada de un órgano 100% electo.
El riesgo de obtener un mal resultado electoral contribuye también a explicar el descarte de esta fórmula, tanto por Chile Vamos preocupado por el desempeño de Republicanos y del PDG, como por una parte del oficialismo que sopesa los posibles efectos de la baja popularidad del Presidente. Cualquiera sea la forma, dar continuidad al proceso requiere producir acuerdos a partir de los distintos cálculos y visiones que atraviesan a partidos y coaliciones. Mientras algunos construyen sus justificaciones buscando la soberanía popular en el resultado del plebiscito de 2020; otros toman como punto de referencia el mandato del plebiscito de salida. Lo fundamental es evitar que este embrollo deje al proyecto de nueva Constitución en el limbo de las buenas intenciones.
Por Stéphanie Alenda, directora de Investigación, Facultad de Educación y Ciencias Sociales, Universidad Andrés Bello
