Fue en 2021 cuando se destaparon diversos casos de corrupción municipal que impactaron a la ciudadanía. Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Maipú, Viña del Mar, Tierra Amarilla o San Ramón fueron algunos de los municipios en los que se dieron a conocer hechos como malversación, fraude, pagos millonarios de horas extra e incluso vínculos con el narcotráfico.
Asimismo, ese año conocimos nuevos antecedentes del Caso Luminarias, que saltó a la luz en 2020, y que indaga el pago de sobornos de la empresa Itelecom a municipios para adjudicarse licitaciones de recambio de luminarias led. Hoy son más de 20 los municipios bajo la lupa de la justicia.
Y en pleno 2023 siguen saliendo antecedentes en torno a estos casos. Recientemente en el caso Itelecom, conocimos la investigación por posible obstrucción a la indagatoria en Recoleta, ante la desaparición de escuchas telefónicas, y, por otro lado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra particulares y funcionarios públicos de la Municipalidad de Puente Alto por delitos de soborno y cohecho.
Además, seguimos conociendo antecedentes de uno de los casos que ha acaparado las miradas y la indignación ciudadana: el de Vitacura y los hechos que involucran a su exalcalde Raúl Torrealba. Pasamos de enterarnos de los sobres con dinero que recibía el exedil, a conocer todo un mecanismo para defraudar que operó por años y que incluiría la participación de parte de su círculo de confianza, los contadores de la municipalidad y sus choferes.
A dos años de iniciada la investigación penal, Torrealba - junto a otros exfuncionarios- será formalizado en junio por los delitos de fraude al fisco y como líder de una asociación ilícita. Además, el SII interpuso una querella en su contra por delitos tributarios, al presentar declaraciones anuales de Impuesto a la Renta maliciosamente falsas entre 2016 y 2021.
En la comuna de Santiago se ha vivido otro terremoto, luego de que la Contraloría suspendiera el proceso de adquisición de la clínica Sierra Bella por parte del municipio debido a la gran diferencia entre el avalúo fiscal y el precio de venta. La Fiscalía abrió una investigación penal por fraude al Fisco, lo que esté en desarrollo, evidenciando cada día nuevos antecedentes que al menos deja muchas dudas respecto a la probidad municipal.
A la luz de los hechos descritos, vale la pena preguntarse qué ha cambiado en los municipios desde el destape de todos estos casos hace dos años, si existe mayor fiscalización o si, por el contrario, siguen siendo terreno fértil para la corrupción, dada las grandes sumas de dinero que manejan, su enorme autonomía y su escaso control. No olvidemos que el CDE notificó en enero de 2022, que un 52% de las municipalidades del país estaban siendo investigadas por corrupción.
En los últimos 10 años ha habido importantes esfuerzos que han profundizado la transparencia y probidad en los municipios, como la reforma en 2012 que fortaleció el rol del concejo municipal, dándoles mayores facultades en la toma de decisiones y la fiscalización de la gestión del alcalde; la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 2013, que obliga a todas las municipalidades a publicar información relevante sobre su gestión y dar respuesta a solicitudes de información de la ciudadanía; la reforma de 2015 que puso límite al financiamiento de campañas electorales y aumentó la transparencia de los recursos utilizados en estas; o el límite a la reelección de autoridades impuesto en 2020, que dicho sea de paso, permitió que el caso de Vitacura saliera a la luz.
Sin embargo, aún falta por avanzar para que organismos públicos como municipios, sean capaces de prevenir la corrupción antes de que ocurra. Por eso, es fundamental implementar programas de compliance, al igual que en el sector privado, que velen por el cumplimiento de normativas, políticas y procedimientos internos establecidos para prevenir delitos, potenciar buenas prácticas y detectar irregularidades.
Entre las acciones que se deben implementar hoy para prevenir la corrupción municipal, está la transparencia en los procesos de compra de bienes y servicios, exigir rendición de cuentas por parte de los organismos fiscalizadores y de la ciudadanía, implementar canales de denuncia internos y externos, protección a los denunciantes, establecer controles cruzados, auditorías de terceros, registrar -sin excepciones- las reuniones por Ley de Lobby, intercambiar buenas prácticas, contar con KPIs y control de gestión en las corporaciones municipales, fomentar la participación ciudadana, capacitar y empoderar a la sociedad civil respecto de sus derechos, y sobre todo, hacer responsables a los alcaldes, al igual como ocurre en las empresas con los gerentes generales y su directorio, por no cumplir el deber de dirección y supervisión, aunque no sean ellos los responsables del delito o mala conducta.
El dinero fiscal es de todos, y el gran problema es que cuando es de todos, finalmente no es de nadie. Por lo mismo, prevenir la corrupción es tarea de todos, y se debe partir por casa, ya sea denunciando, fiscalizando e informándose bien a la hora de elegir a nuestras autoridades.
