Como nunca, este año la corrupción se tomó la agenda pública: desde los escándalos que han sacudido a diversas empresas hasta las irregularidades que se investigan en municipalidades de izquierda y de derecha, tanto en Santiago como en regiones. Si hace unos meses constatamos que existía una absoluta discrecionalidad y falta de control en los traspasos de millonarios recursos desde el Estado a entidades privadas, muchas de ellas truchas, estamos cerrando el año con la insólita notificación de que existirían “precios de mercado” para sobornar a funcionarios públicos de instituciones regulatorias y fiscalizadoras clave para el funcionamiento del país.
No es sorpresa entonces que, en la encuesta CEP dada a conocer esta semana, la corrupción registrara la mayor alza entre las preocupaciones de los chilenos, situándose entre las cinco primeras.
Quizás nos habíamos acostumbrado tanto a idealizar a Chile como un país con una institucionalidad robusta y donde las leyes se cumplen, que hizo a muchos bajar la guardia por una falsa sensación de impermeabilidad a la corrupción. Pero no nos engañemos: esta es como el agua y siempre buscará su camino. Por lo mismo, debemos estar conscientes de ella y hacer todo para prevenir y atacarla cuando se manifiesta.
El político e historiador romano Tácito decía que cuánto más corrupto es el Estado, más leyes tiene. Aunque en los últimos años se han concretado avances para dotar de una mayor musculatura a la legislación en materia de delitos de “cuello y corbata”, siendo la Ley de Delitos Económicos y Ambientales el último exponente de ello, la solución no es llenarse de leyes, porque estas no evitan per se que estos hechos ocurran. Lo verdaderamente importante es que las leyes que tenemos se cumplan y tengan un efecto disuasivo que le suba el costo a los infractores.
Por eso, tomemos lo ocurrido como un punto de inflexión. La credibilidad de organismos clave en el funcionamiento del Estado está en entredicho y la confianza de los chilenos de que los abusos son una excepción más que la regla está siendo nuevamente puesta a prueba. Es cierto que por cada corrupto hay muchos más hombres y mujeres honrados, pero debemos cercar a los corruptos para que no se propaguen.
Pasado el shock inicial, lo importante es qué podemos sacar en limpio de esto. Por lo pronto, el Ministerio Público debe esclarecer -esperemos que con la mayor celeridad posible- si todo el catálogo de delitos enunciados en la grabación se concretó o no, las ramificaciones que puedan existir y dar con todos los responsables de esta trama, que ciertamente son muchos más que los tres protagonistas de la reunión que fue grabada.
El Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero tienen que llevar sus investigaciones internas hasta las últimas consecuencias, encontrando y poniendo a disposición de la justicia a eventuales funcionarios corruptos. Pero especialmente deben detectar y cerrar las brechas que permiten que la corrupción se infiltre en ellas para prevenir la ocurrencia de nuevos casos.
La ciudadanía debe percibir que las instituciones están funcionando y eso pasa también por no cometer el error de minimizar estos hechos como algo aislado. No tener una actitud vigilante y alerta es darle espacio a la corrupción para que se expanda hasta que ya sea demasiado tarde. Nadie está inmune a ser corrompido.
Sería lamentable que cuando el “caso Audio” deje de acaparar titulares y disminuya el sentido de urgencia, se pierda el impulso para aplicar las medidas correctivas pertinentes. El caso Convenios y ahora este último escándalo reafirman la necesidad de que todas las instituciones relevantes del Estado cuenten con programas de compliance, tal como se les exige a las empresas privadas. La vara debe ser la misma para ambos mundos.
El establecimiento de controles cruzados; capacitaciones permanentes a los empleados en temas de probidad y buenas prácticas; fiscalizaciones y auditorías periódicas, y personas dedicadas a monitorear el cumplimiento activo de estas medidas, demostrarían a los chilenos que se sacó algo en limpio de este episodio. Y que quienes cometen delitos, son castigados con multas elevadas y penas efectivas, en lugar de clases de ética y reproches morales.
Solo así recuperaremos una confianza que ha sido bastante maltratada en los últimos años y que corre el riesgo de perderse definitivamente si no nos tomamos en serio el punto de inflexión al que hemos llegado. Si la corrupción se tomó la agenda este año, no permitamos que haya sido en vano.
Por Susana Sierra
