La pandemia nos dejó convalecientes y sumidos en una profunda crisis de la cual aún intentamos salir. Si bien estamos avanzando hacia una apertura casi total y la “normalidad” estaría de regreso, son diversos los aspectos que se vieron afectados y con los cuales estamos lidiando.
Uno de ellos es el Estado de derecho, que se debilitó a nivel global por quinto año consecutivo, según el último “Índice de Estado de Derecho” del World Justice Project (WJP). Es decir, vivimos en un mundo menos equitativo, con instituciones más frágiles, una confianza erosionada y menor transparencia. Con esto, vemos una democracia amenazada y, en efecto, países de la región ya están sumidos en el populismo y/o autoritarismo, viendo cómo se coarta su libertad de expresión e información.
A pesar de que Chile se encuentra en el lugar 33 de 140 países, y tercero en la región, cayó un puesto. El primer y segundo lugar lo ocupan Uruguay y Costa Rica, respectivamente. Si bien podríamos decir que bajar un puesto no es gran cosa, la verdad es que sí importa, porque quiere decir que nuestra sociedad está resintiendo brechas en uno o más aspectos. De hecho, el informe detalla que, a nivel mundial, los declives más dramáticos del Estado de derecho se han producido en los factores asociados al aumento del autoritarismo, pero también se muestra una baja en el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, que se han reducido en tres cuartas partes de los países desde el año 2015. Asimismo, han caído los límites al poder gubernamental, como la supervisión de los poderes Judicial, Legislativo y de los medios de comunicación. Estos se han reducido en dos tercios de los países estudiados.
Recientemente, la nueva directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, se refirió al deterioro de la democracia en América Latina, donde el eje común es la “pérdida dramática de la confianza en la democracia, en los partidos, en el Estado de derecho y en las instituciones”.
Justamente esto ha llevado a la polarización y el descrédito, donde las redes sociales han jugado un rol importante, profundizando la desconfianza a través de la publicación de fake news que se viralizan como una verdad garantizada y nos ha llevado a no creer en nada ni en nadie.
Por eso, es importante entender que cuando el Estado de derecho se debilita y la desconfianza se acrecienta, la corrupción permea y actúa a sus anchas, haciendo difícil su pesquisa.
De hecho, el reciente reporte “Exportando Corrupción 2022″ de Trasparencia Internacional, expuso la escasez de esfuerzos coordinados en la lucha contra la corrupción y el soborno de empresas multinacionales que quieren abrirse camino en los mercados extranjeros, evidenciando la impunidad reinante. Chile calificó con un cumplimiento “limitado” en la materia, detectando falencias para enfrentar malas prácticas en la función pública y privada.
Este cumplimiento “limitado” de Chile se debe a deficiencias principalmente en la falta de un registro público de beneficiarios finales de las empresas y fideicomisos; requisitos inadecuados de contabilidad y auditoría; sanciones inapropiadas; carencia de un marco jurídico acorde para establecer mecanismos de cooperación entre ministerios públicos de diversos países; y la falta de un marco adecuado para la protección de los denunciantes anónimos, así como uno que reconozca los derechos de las víctimas en los casos de soborno en el extranjero.
Bajo este escenario, es momento de pasar a la acción y evitar seguir descendiendo en temas tan importantes como la calidad de nuestro Estado de derecho o en la lucha contra la corrupción. Esto debe ser una prioridad para el gobierno y para la sociedad en su conjunto, y aquí las empresas deben asumir su responsabilidad a través de mayor prevención, compensaciones, sanciones, facilitación de la denuncia, proteger a quienes alerten ilícitos o malas prácticas, y propender, en general, a asumir su responsabilidad, o de lo contrario, demostrar su inocencia en un determinado hecho. Dejemos de lado la costumbre de tirar bajo la alfombra lo que no queremos ver, de no condenar públicamente o pasar por alto, situaciones que son de toda gravedad.
Estamos en un momento crítico, donde las exigencias son mayores y, por lo tanto, las respuestas deben estar al mismo nivel. No sigamos perdiéndonos en la pelea chica y la búsqueda de réditos individuales, y centrémonos en las grandes batallas. Mientras vemos países de la región sumidas en el populismo y el autoritarismo, lo que necesitamos es que nuestros representantes y nuestras instituciones piensen en el bien común, y den señales que nos devuelvan la confianza. De lo contrario, los riesgos de seguir erosionando la democracia y el Estado de derecho pueden llevarnos al abismo.
Por Susana Sierra
