La COP15 de Biodiversidad, que se llevó a cabo a fines de diciembre en Montreal, trae buenas noticias. Los acuerdos suscritos por los países, incluido Chile, son relevantes, no como en otras ocasiones. Los países se comprometieron para 2030 a: proteger de forma efectiva el 30% de la superficie terrestre, costera y marítima; restaurar el 30% de los ecosistemas terrestres y marinos; reducir a cero la pérdida de áreas ricas en biodiversidad y reducir a la mitad los desechos de alimentos. Además, a nivel global se acordó reducir en US$ 500 mil millones los subsidios que dañan la biodiversidad y movilizar de fuentes públicas y privadas US$ 200 mil millones para la conservación de la biodiversidad.
¿Podrá Chile honrar su palabra y cumplir con las metas comprometidas? Siendo sinceros, la vara está muy alta. Si consideramos todas las categorías de protección oficial, Chile tiene el 21,91% de su superficie terrestre protegida. Si a ello agregamos las iniciativas de conservación privada, la superficie total protegida sería 23,58% (Pliscoff 2022). No estamos nada mal si miramos el promedio, pero el compromiso consiste en proteger el 30% de la superficie de cada ecosistema. De los 125 pisos vegetacionales, solo 27 cumplen con esta meta, 76 tienen menos del 17% de su superficie protegida y 8 se encuentran sin protección alguna. Para cumplir con esta primera meta, Chile debe aumentar su superficie terrestre protegida en al menos 7 millones de hectáreas. Para cumplir este desafío el Estado necesitará la colaboración del sector privado y hoy no contamos con los instrumentos para que ello ocurra. Pero no solo debemos avanzar en protección de papel, sino que el compromiso es conservar de forma efectiva el 30% de la superficie. Actualmente, no todas las áreas protegidas del Estado cuentan con planes de manejo actualizados y prácticamente ninguna ha logrado implementarlo de forma efectiva por falta de recursos.
Chile necesita con urgencia un Servicio de Biodiversidad a cargo de las áreas protegidas, que subsane las falencias de la actual institucionalidad y cuente con los recursos para efectivamente conservar los ecosistemas protegidos. Asimismo, necesitamos crear un sistema de áreas protegidas nacionales, que integre las iniciativas privadas a las estatales, y aumentar los fondos para la conservación en el sector privado. El proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) es un tremendo avance en esta dirección. Este proyecto es una necesidad urgente para el país, sin embargo, su tramitación ha demorado alrededor de 12 años por los mezquinos intereses de algunos grupos y sindicatos. La buena noticia es que mañana se vota en la Cámara de Diputados este proyecto con altas probabilidades de ser aprobado. De ser así, se culminaría el segundo trámite y pasaría el proyecto a comisión mixta.
Junto con este hito, el gobierno acaba de presentar un nuevo informe financiero para este proyecto, que aumenta de forma importante los recursos. El presupuesto de 2023 contempla solo $ 19 mil millones para las áreas protegidas, el informe financiero anterior duplicaba los recursos, pero el nuevo informe financiero contempla un incremento de $ 36 mil millones de forma permanente y casi $ 16 mil millones de ingresos transitorios para su implementación. Si a ello le sumamos los recursos que se transfieren de la Conaf, el nuevo Servicio de Biodiversidad contemplará un presupuesto permanente de $ 59 mil millones anuales, 42% más que el informe financiero anterior. Por cierto, todavía estos recursos son insuficientes para la tarea que tenemos por delante, pero se debe reconocer el esfuerzo que ha hecho el gobierno por aumentar los recursos y dotar así a la nueva institucionalidad de capacidades para avanzar en la tarea de conservar nuestro capital natural, que es nuestra principal riqueza y condición de posibilidad de nuestra propia subsistencia.
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