Resulta impactante leer en la prensa que el Caso LED se cierra sin imputados, porque se perdieron las escuchas de Daniel Jadue. Más de treinta escuchas telefónicas del exalcalde Jadue, que eran pieza clave para determinar su participación en las licitaciones irregulares para el recambio de las luminarias, se pierden, así como si nada, y ello impide continuar con la investigación. De ser inocente, el exalcalde pierde la posibilidad de probar su inocencia, quedando su nombre manchado de por vida. De ser culpable, gran favor le hizo la Fiscalía al perder las evidencias que podrían haber permitido probar su culpabilidad.
¿Qué clase de justicia puede existir en un país, cuya institución encargada de investigar y recabar pruebas simplemente las pierde? Pero, ¿será que se perdieron o no habrá aquí mano negra? ¿Es nuestra Fiscalía inoperante o corrupta? Son las preguntas que despierta este caso; generando un manto de dudas sobre la probidad de la Fiscalía. Han pasado meses desde que se perdieron las escuchas, este mes se cerró el caso y, sin embargo, aún no sabemos qué pasó y quienes son los responsables. ¿Este es el estándar de nuestra justicia? ¿Cómo es posible que a estas alturas todavía nadie asuma la responsabilidad política? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados ante tamaño escándalo? ¿Dónde está el Fiscal Nacional?
Pero la Fiscalía no es la única institución dedicada a perder evidencia. Resulta que el informe de la Policía de Investigaciones (PDI), en el caso del exsubsecretario Monsalve, da cuenta de que los videos de cámaras ubicadas en las cercanías del domicilio de la denunciante se perdieron. Según el informe, estos videos habrían sido retirados por funcionarios de la Brigada de Contrainteligencia algunos días antes de que se presentara la denuncia contra Manuel Monsalve y no fueron incluidos en los respaldos que se entregaron a los fiscales que llevan el caso. Según lo reportado en la prensa, dichos videos no se habrían perdido porque se grabó sobre ellos, sino porque detectives de contrainteligencia los borraron. Uno de los fiscales a cargo del caso, Francisco Jacir, confirmó que, al revisar el disco duro con el respaldo de las imágenes de aquella noche, las imágenes de la cámara ubicada en General Mackenna con Amunátegui no fueron encontradas. Ayer nos enteramos que, en realidad, este material no se perdió, sino que no se incluyó porque las imágenes de dicha cámara no contenían elementos de interés. ¿Es satisfactoria esta respuesta? ¿No deberían ser los fiscales quienes decidan qué material consideran y cuál no? Una vez más se genera un manto de duda sobre el actuar de una institución del Estado; una vez más hay un político involucrado. ¿Es azar o inoperancia supina que atraviesa a todas nuestras instituciones? ¿Será mala suerte o aquí hay corrupción, tráfico de influencia?
En un orden de magnitud muy distinto, en 2007 un joven de Combarbalá, recién egresado de la escuela de Carabineros, atropelló a mi exmarido. Manejando en su día libre a plena luz del día, el joven se pasó la luz roja chocando brutalmente contra una micro y atropellando a mi exmarido, dejándolo tres semanas en la unidad de cuidados intensivos, siete operaciones en el cuerpo y tratamiento por más de un año a causa de los injertos. Curiosamente, la alcoholemia se perdió, impidiendo saber si el joven manejaba bajo los efectos del alcohol. ¿Será que la pérdida de evidencia es una práctica mucho más extendida de lo que creemos?
Una de las ventajas históricas de Chile frente al resto de los países de la región era la baja presencia de corrupción. Sin embargo, el año 2024 se encargó de mostrarnos que ella está mucho más extendida de lo que pensábamos. Tal vez una agenda robusta en esta materia pueda generar un consenso transversal tan necesario para resguardar en último término la propia democracia.
Por Sylvia Eyzaguirre, investigadora CEP
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