El acuerdo por la nueva Constitución se ha dilatado a un punto que su materialización se encuentra en peligro. Las voces disonantes han ido cobrando fuerza y hoy tienen a la derecha tensionada entre quienes entienden la importancia de llevarlo a cabo y quienes ven una oportunidad para dilatarlo. A su vez, en la izquierda no hay incentivos para avanzar en el proceso constituyente, toda vez que entienden que de haber una elección de convencionales ellos serán castigados por el mediocre desempeño del gobierno. Complejo escenario para la narrativa política de izquierda si se aprueba una Constitución que sea lo más neutral posible, pues perderían una de sus principales armas de campaña.
Es innegable que existe un agotamiento de la ciudadanía respecto del tema constitucional. Después de tres años del estallido social, un año de deliberación constitucional a través de la Convención, el rechazo del texto constitucional y seis meses del gobierno de Apruebo Dignidad, Chile se encuentra peor. La situación económica ha empeorado y los pronósticos para el próximo año son preocupantes, la percepción de inseguridad ha aumentado, probablemente por el recrudecimiento de la violencia en La Araucanía, el incremento en la tasa de homicidios, la violencia en la comisión de delitos y la penetración del narcotráfico, y finalmente tampoco hemos visto avances en derechos sociales como salud, educación y vivienda, con excepción de la Pensión Garantizada Universal. En este contexto no es de extrañarse que las personas hayan perdido interés por el debate constitucional. Sin embargo, habría que ser ciego para no ver que, más allá de la coyuntura y las encuestas, Chile necesita cerrar bien este debate y con él la incertidumbre que este genera.
El escenario actual es el más propicio para llevar adelante el proceso constitucional. Dadas las bajas expectativas de la ciudadanía respecto de un nuevo proceso constitucional, el nuevo órgano constituyente tendrá menos presión para trabajar y debiera ser más prudente en sus decisiones atendiendo al reciente fracaso. Para ello se requieren líderes políticos con convicción, que no se dejen esclavizar por el people meter y la presión de sus bases, que hagan honor a la palabra empeñada en el último plebiscito y conduzcan un proceso constituyente responsable que permita al país contar con una mejor Constitución que entregue certidumbre, promueva el desarrollo, proteja los derechos de los ciudadanos y, sobre todo, mejore el actual sistema político que dificulta la gobernabilidad de Chile.
Actualmente, la piedra de tope para avanzar en este acuerdo es la configuración del nuevo órgano constituyente. Los partidos, como es natural, velan por sus propios intereses con calculadora en mano para decidir el mecanismo de elección de los nuevos convencionales. Ante la incertidumbre de la configuración de poder del nuevo órgano, empieza a surgir la alternativa de que sea el Congreso quien asuma la tarea. Pero esta alternativa sería riesgosa de no plebiscitarse antes, dado el desprestigio del Congreso, y a la derecha le complica un plebiscito de entrada, pues difícilmente lograrán un éxito como el del Rechazo, éxito que por cierto no es de ellos. La legitimidad del órgano constituyente es tan relevante como la calidad del texto que propongan. Dada la dificultad de satisfacer múltiples criterios con un solo mecanismo, tal vez podría pensarse en un mecanismo mixto, que por una parte releve la representatividad dando acceso de representación a las minorías (por ejemplo a través de la elección de 50 convencionales a través de listas cerradas en un único distrito nacional) y por otra parte releve la representación regional y la gobernabilidad (por ejemplo a través de la elección de 50 convencionales a través del sistema de elección de los senadores). Más allá del mecanismo llegó la hora de pensar en el mediano y largo plazo y no en la encuesta del próximo mes.
Por Sylvia Eyzaguirre, investigadora del CEP
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