Dentro de todas las noticias de la semana la más positiva por lejos fue la que nos entregó la última encuesta de caracterización socioeconómica (Casen). Según la última medición, la pobreza habría disminuido de 8,5% en 2017 y de 10,7% en 2020 a 6,5% en 2022. Esta es la tasa más baja de la cual se tenga registro. Sin duda una noticia para alegrarnos y celebrar, si no fuera porque es contraintuitiva.
No deja de ser sorprendente la magnitud de la caída de la pobreza, cuando otros indicadores nos dan la señal contraria. Por ejemplo, el Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023 (Techo-Chile) revela que existen 113.887 familias viviendo en campamentos, cerca de 40% más que en la medición anterior. En cuanto al déficit habitacional, según el gobierno este sería de 650 mil viviendas, ¡mayor al déficit registrado en 1996! Las cifras económicas tampoco son auspiciosas. De hecho, la Casen nos muestra que el ingreso autónomo promedio de la población, es decir, los ingresos que las personas generan por sí mismas, bajó respecto de 2017. Los más perjudicados han sido las familias de menos recursos. Según un análisis del Centro de Estudios de la Universidad San Sebastián, la variación real del ingreso del trabajo fue de 52 por ciento para el decil más pobre y para el ingreso autónomo la variación fue de 43 por ciento; una caída significativamente superior al de los otros deciles. Estas cifras son sumamente preocupantes y sin duda un balde de agua fría, pues dan cuenta de una economía debilitada. El principal esfuerzo del gobierno debiera estar precisamente aquí, en fortalecer la economía, para que el progreso y bienestar social sea sostenible en el tiempo.
¿Cómo es posible que la pobreza haya disminuido con estas cifras? Los subsidios del Estado jugaron un papel importante, pero ejercicios preliminares muestran que no logran explicar la caída de la pobreza, sí que esta no aumentara. El aumento del gasto estatal logró suplir la caída de los ingresos autónomos. De hecho, los subsidios monetarios aumentaron de casi $37.000 en 2017 a casi $68.000 en 2022. Ello sin duda es una buena noticia, pues muestra que la ayuda del Estado efectivamente llegó a la gente más necesitada.
Se ha generado un debate respecto de los subsidios que lograron suplir esta caída en los ingresos autónomos. Salvador Valdés argumenta que la disminución de la pobreza en la población adulta mayor no puede haber sido producto de la Pensión Garantizada Universal (PGU), toda vez que la PGU solo extendió la pensión básica a la clase media. El aumento del sueldo mínimo y de la pensión básica sí son políticas que apuntan a los deciles más pobres.
Con todo, los subsidios no logran explicar totalmente la disminución de la pobreza. El factor que explicaría esta parece ser el monto del alquiler imputado. De ser así, se debe tener cuidado a la hora de sacar cuentas alegres, pues ello reflejaría una disminución en términos contables, pero no una mejora real en las condiciones de vida de esa población. Debemos tener prudencia a la hora de interpretar estos datos, pero de todas formas la buena noticia es que no aumentó la pobreza y en ello jugaron un rol importante los subsidios estatales.
La Casen no sólo nos muestra el promedio nacional de la pobreza, sino también su distribución territorial y por tipo de población. Llama la atención la alta heterogeneidad entre las regiones, así como entre poblaciones. Esta información es clave porque permite al Estado focalizar mejor su esfuerzo. La población infantil es por lejos la población más vulnerable del país y ello no se condice con los esfuerzos de los distintos gobiernos, que están más preocupados de las pensiones que de los niños. También llaman la atención las regiones de Ñuble y La Araucanía, con tasa de pobreza de dos dígitos. Tenemos grandes desafíos, ojalá se noten en las prioridades del gobierno.
Por Sylvia Eyzaguirre, investigadora CEP
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