Columna de Sylvia Eyzaguirre: Eufemismo
Esta semana la Comisión de Constitución del Senado aprobó la idea de legislar un indulto a los “presos de la revuelta”. Más allá de los errores e incoherencias técnicas del proyecto de ley, que revela la calidad de nuestros congresistas, es importante preguntarse por el fondo: ¿Cuáles son los delitos que habrían cometido los presos de la revuelta y que ameritan un perdonazo por las extraordinarias circunstancias?
Según información de la Fiscalía Nacional, actualmente se encontrarían 25 personas en prisión por delitos cometidos tras el 18 de octubre; según información de CIPER este número se elevaría a 77. Entre los presos hay formalizados y acusados en prisión preventiva, así como también condenados. ¿Quiénes son? Alen, de 21 años, está formalizada por participar en el saqueo de un supermercado en San Bernardo, del cual extrajo un televisor de 55 pulgadas y una impresora, tenencia ilegal de armas (revolver Taurus calibre 38 especial y 8 cartuchos calibre 38 especial sin repercutir) y tráfico ilícito de drogas (30 gramos de cocaína y 136 papelillos de pasta base). José de 52 años fue formalizado por incendio frustrado de la zapatería Sports Calzados de Punta Arenas. Danilo de 32 años fue acusado de confeccionar bombas molotov y lanzarlas a carabineros. El Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago lo condenó en enero de este año por 2 delitos de fabricación y sólo uno de lanzamiento del artefacto incendiario. Marco Antonio, 46 años, junto con un grupo de 15 personas se habrían tomado la Ruta 1 en Iquique y habría apedreado a una camioneta hasta obligarla a detenerse. Se le acusa de haber obligado a bajarse a los ocupantes, les quitaron sus celulares, computadores y billeteras para luego quemar la camioneta. Benjamín y Matías, ambos de 19 años, y Jesús, 23 años, se les acusó de haber quemado el Apart Hotel Principado de Asturias. El Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago los absolvió del incendio del Hotel, pero los condenó por fabricación de artefactos incendiarios y lanzamiento. Daniel, 23 años, se lo acusa de haber quemado la estación San Pablo de la línea 1. Entre los presos se encuentran otros acusados de incendiar la Municipalidad de Quilpué, de atropellar a un funcionario de la PDI durante un saqueo y un homicidio frustrado.
¿Qué señal estamos dando cuando amnistiamos estos delitos? La primera y más evidente es la legitimidad de la violencia. El malestar social sería justificación suficiente para incendiar, robar e incluso intentar matar. La violencia se opone a la democracia y su legitimación socava esta última como forma de convivencia. Pero tal vez la señal más compleja es la que se da a las víctimas de la violencia. ¿Qué explicación le damos a quienes sufrieron quemaduras graves producto de las molotov que recibieron? ¿Acaso no tienen ellos derecho a un juicio justo? ¿Qué le estamos diciendo a quienes se vieron amedrentados, a quienes perdieron sus negocios producto de los incendios y saqueos? El Estado puede reparar el daño económico, pero ¿cómo reparamos el daño moral a esas personas? La señal inequívoca es que las víctimas importan significativamente menos que las personas que cometieron los delitos. Esta es sin duda la señal más grave y con ello se destruye el principio sobre el cual se erige la democracia.
