Columna de Sylvia Eyzaguirre: Improvisación

Por Sylvia Eyzaguirre, investigadora CEP

“Los colegios tienen que ser los últimos en cerrar y los primeros en abrir”, dijo el Presidente Boric en enero, ante el aumento de contagios por la variante Ómicron. A comienzos de abril, frente a los actos de violencia que han ocurrido durante el regreso a las clases presenciales, el ministro de Educación realizó un mea culpa por el cierre de las escuelas durante la pandemia, confesando que se habían equivocado. Todo indicaba que el gobierno había entendido lo que la evidencia científica advertía hace tiempo sobre los graves efectos de la falta de socialización en la salud mental de los niños, producto del cierre de los establecimientos educacionales. Sin embargo, a mediados de junio, todo cambió. El gobierno anunció que las vacaciones de invierno se adelantan y extienden desde el 30 de junio hasta el 25 de julio, de Arica a Puerto Montt, para disminuir el contacto entre estudiantes y así evitar los contagios de virus respiratorios que afectan a los niños. Esta decisión “técnica” fue tomada sin el respaldo de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica donde, ante la consulta, la mayoría de sus integrantes votó en contra. Tampoco fueron consultados los alcaldes (principales sostenedores de la educación estatal), los docentes, estudiantes ni apoderados.

La extensión de las vacaciones fue una medida apresurada, improvisada, sin enfoque de género, vertical, y sin considerar las distintas realidades de los territorios. La realidad sanitaria es muy distinta a lo largo del país. ¿Qué explica que se impongan medidas que conllevan graves consecuencias para la salud mental y desarrollo de nuestros niños en localidades donde no hay problemas de camas pediátricas? ¿Por qué suspender las clases a los jóvenes, si los virus respiratorios afectan principalmente a los niños más pequeños? ¿Por qué no realizar clases a distancia durante los días de “vacaciones” que no estaban contemplados, como se hizo durante la pandemia? ¿Cómo afecta esta medida a las familias donde todos los adultos trabajan? ¿Qué harán las mujeres que son jefas de hogares monoparentales?

Evidentemente, ningunas de estas dimensiones fueron sopesadas por las autoridades de gobierno al tomar la decisión. De ahí que el ministro de Educación haya tenido que salir al poco andar a corregir su declaración, diciendo que el adelanto en realidad no son vacaciones; algo que por supuesto carece de sentido. A partir de la preocupación del Ministerio de la Mujer por las consecuencias que esta medida conlleva para la vida de las madres que trabajan, el secretario de Estado comunicó que los colegios no cerrarán, sino que estarán abiertos para recibir a los niños. Esta confusión se extendió a las salas cunas y jardines infantiles, que al comienzo estaban excluidos de la medida y luego se incorporaron. Asimismo, la Dirección del Trabajo sacó un dictamen que habilita a los padres, madres y cuidadores a trabajar a distancia, para reducir los efectos colaterales de la medida. Esta medida tampoco tuvo buena acogida en las comunidades educativas. El presidente del Colegio de Profesores llamó a los apoderados a no llevar a los niños al colegio durante las vacaciones, asegurando que no son guarderías, mientras que diversos directores de establecimientos manifestaron su molestia por este cambio abrupto en el calendario escolar.

Si la única razón para suspender las clases era disminuir los contagios de enfermedades respiratorias, entonces no tiene sentido si los colegios seguirán abiertos, propiciando el contagio entre los niños. La decisión nos deja en el peor de los mundos: la asistencia presencial no permite disminuir el contagio y la suspensión de clases perjudica aún más el proceso de aprendizaje y sociabilización.

En resumen, esta semana, cerca de tres millones de niños y jóvenes vieron vulnerados sus derechos a la educación, mientras los mall, cines y restaurantes siguen abiertos. Los hechos revelan las prioridades del gobierno.