La evidencia empírica es cruel al mostrarnos que los jóvenes que terminan desertando de la educación escolar tienen altas probabilidades de caer en el alcoholismo, la drogadicción, la criminalidad y finalmente la cárcel. Actualmente, se estima que en Chile más de 200 mil niños, niñas y adolescentes se encuentran fuera del sistema escolar, ello equivale a cerca del 6% de la matrícula escolar regular. Ahora bien, la gran mayoría de estos niños tiene entre 12 y 21 años, y equivale a cerca del 20% de la matrícula de enseñanza media.
Estos jóvenes pertenecen a la población más vulnerable del país, pero lamentablemente no han sido prioridad para el Estado de Chile. De hecho, es la población más invisibilizada y paradojalmente la que más podría beneficiarse de la intervención del Estado. Hasta ahora solo se cuenta con dos mecanismos, que no están diseñados para estos fines, para intervenir. Por una parte, se ha estado usando la modalidad de educación para jóvenes y adultos (EPJA) para reincorporar a estos jóvenes a la educación, pero esta modalidad está diseñada para que la población adulta pueda terminar sus estudios. El financiamiento que recibe esta modalidad es bajo, toda vez que es una modalidad que se imparte mayoritariamente en el horario vespertino para adultos que trabajan. El otro mecanismo son los Fondos Concursables de Reinserción Educativa. Estos fondos apuntan a la educación para jóvenes excluidos del sistema, pero los montos que entrega son bajos y al ser concursables no garantiza la perdurabilidad en el tiempo.
¿Cuánto invierte el Estado en estos jóvenes? En promedio, los pocos jóvenes que se encuentran en escuelas de reingreso reciben un monto promedio de $70.000 mensuales. Mientras el Estado invierte cerca de $170.000 mensuales en un joven de nivel socioeconómico bajo que asiste a la educación regular, ¡invierte menos de la mitad en un joven de alto riesgo! Es más, mientras el Estado invierte cerca de un millón de pesos al mes en un preso, gasta menos de diez veces en los jóvenes que presentan alto riesgo.
En 2021 se dio un paso importante al crearse la modalidad de reingreso. Pero al no existir una subvención para dicha modalidad, no se ha podido materializar. La buena noticia es que recientemente la Cámara aprobó un proyecto de ley que crea la subvención para esta modalidad y ahora pasó al Senado para su segundo trámite constitucional. El monto de la subvención es considerablemente mayor a lo que reciben hoy estos jóvenes. No solo el monto base de la subvención es más alto, sino que además se crea una subvención por vulnerabilidad, quedando el monto promedio por niño en cerca de $160.000 mensuales. Sin duda esto es un avance respecto de la actual situación, pero está lejos de ser adecuada. Esta subvención sigue siendo más baja que la subvención para niños vulnerables que asisten a la educación regular. La Fundación Súmate, que ofrece oportunidades educativas de calidad a niños que se encuentran fuera del sistema educativo, estima que el costo promedio por niño en una escuela de reingreso es de $370.000 mensuales, más del doble que lo establecido en el proyecto de ley. Es urgente subsanar este financiamiento, especialmente para las escuelas de reingreso que atienden a jóvenes que han estado dos o más años fuera del sistema educativo. Para ellos, la subvención de reingreso no debiera sustituir la subvención regular o EPJA, sino ser complementaria. Además, no es necesario crear una subvención especial de vulnerabilidad, bastaría que estos establecimientos puedan recibir la subvención preferencial que ya existe.
Ofrecer oportunidades educativas a estos niños y jóvenes debiera ser una urgencia nacional, mucho más que la gratuidad en educación superior o la condonación del CAE. La evidencia muestra que intervenciones bien diseñadas y de calidad logran cambiar las trayectorias de vida de los jóvenes, pero si no invertimos lo suficiente para asegurar calidad el esfuerzo puede ser en vano.
Por Sylvia Eyzaguirre, investigadora CEP
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