Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina, estuvo el viernes en el Centro de Estudios Públicos compartiendo su experiencia de transformar el Estado de Argentina. Cuando Javier Milei asumió la Presidencia, Argentina tenía un déficit fiscal de 5 puntos del PIB, una inflación de 211% (2023) y 50% de la población viviendo bajo la línea de la pobreza.
La primera tarea que se impusieron fue eliminar el déficit fiscal para alcanzar el orden macroeconómico. Esto lo lograron en un mes. Sí, en un mes Argentina pasó de un déficit de 5 puntos del PIB a déficit cero. El gobierno de Milei cerró el año 2024 con un superávit primario de 1,8% del PIB y, que tras el pago de los intereses de la deuda pública, quedó en un superávit financiero de 0,3% del PIB. Esta medida se logró sin aumentar impuestos, sino reduciendo el gasto fiscal. En 2024 el gobierno de Milei redujo en 30% el gasto fiscal. Para ello la motosierra fue esencial. Eliminaron 42 mil puestos de trabajos en el Estado, equivalente al 20% del empleo público, se redujeron drásticamente los fondos destinados a obras públicas, algunos subsidios (energía y transporte) y las transferencias a las provincias. Los programas sociales redujeron su presupuesto en 40% y las jubilaciones y pensiones en 17%. Al mismo tiempo redujo algunos impuestos, especialmente aquellos gravámenes que desalientan la competitividad.
La segunda tarea fue liberalizar el mercado, es decir, aplicar la motosierra a leyes y decretos que constituyen barreras regulatorias que inhiben la competencia y elevan la ineficiencia para proteger a un determinado grupo de personas. La agenda de desregulación tiene precisamente el propósito de eliminar todas las exigencias absurdas que pone el Estado que termina beneficiando a determinadas castas en perjuicio del país.
Estas dos medidas económicas no tienen como primer propósito alcanzar el equilibrio macroeconómico y una economía de mercado libre, sino terminar con la estructura de poder que tiene capturado al país, impidiendo su progreso. Según el ministro Sturzenegger, la actual estructura de poder está constituida por la casta de los sindicatos, la de los empresarios y la del partido peronista, como articulador de los intereses creados de ambos grupos. Esta estructura se ha eternizado gracias a la arquitectura legal que han construido que genera rentas a favor de ellos mismos. En los últimos 50 años, Argentina solo ha creado instituciones económicas no inclusivas que inhiben el crecimiento y la movilidad social en beneficio de su elite. Para Sturzenegger el primer propósito de estas medidas económicas es político, a saber, romper el entramado legal que permite perpetuar en el poder a los mismos de siempre. Estas medidas económicas son en última instancia medidas prodemocracia, pues permiten recuperar al Estado y al mercado en pos de los ciudadanos.
Chile está muy lejos de ser Argentina; de ahí que no tenga sentido hablar de motosierra en nuestro país. Un documento de trabajo de Larrañaga (2025) muestra que en 2022 las transferencias monetarias más los servicios sociales redujeron la desigualdad del ingreso autónomo en 10,9 puntos del Gini, una reducción sumamente significativa gracias al gasto social. Con todo, el mismo estudio nos muestra que hay áreas sumamente ineficientes. En salud, por ejemplo, el gasto público se ha multiplicado por tres en las últimas décadas y, sin embargo, no se observa una mejora en el servicio público que se presta a los ciudadanos. La subutilización de los quirófanos, la mala gestión de los hospitales públicos, los mezquinos intereses del gremio de la salud hacen que este sector sea especialmente ineficiente. Lo mismo se observa en el empleo público, apreciación que comparten todos los que han pasado por el Estado, pero nadie se atreve a cambiar. Dada nuestra estrechez fiscal, debiera ser perentorio para los candidatos presidenciales revisar el gasto fiscal en pos de generar holguras que permitan financiar sus propuestas.
Por Sylvia Eyzaguirre, investigadora CEP
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