Ante los últimos acontecimientos climáticos, el secretario general de Naciones Unidas declaró que la Tierra entró en la “Era de la ebullición global”. Las temperaturas durante el mes de julio en el hemisferio norte fueron las más altas de los últimos 120 mil años y todo indica que seguirán en ascenso.
El calentamiento global produce cambios en el clima con graves consecuencias para la naturaleza y el bienestar humano. La degradación de la biodiversidad es preocupante. A nivel global, desde 1970 se observa un descenso promedio de 69% en las poblaciones de especies silvestres. La zona más afectada es América Latina y el Caribe, con un descenso de 94% de sus poblaciones de especies silvestres (WWF 2022). Y Chile no es una excepción. Nuestro país es extremadamente vulnerable al cambio climático: el 62% de nuestras especies clasificadas y la mitad de nuestros ecosistemas se encuentran amenazados (MMA 2021).
El mayor desafío que enfrentamos es la preservación de la naturaleza y la biósfera, por su valor intrínseco y como soporte indispensable para nuestra propia existencia. Una biodiversidad sana significa contribuciones elementales, como la provisión de alimentos, generación y purificación de agua, amortiguación de olas de calor, entre muchas otras.
El Banco Mundial estima que las pérdidas financieras producto del cambio climático, las inundaciones, los aluviones, la erosión de la tierra, la contaminación de las aguas y otros efectos de la degradación del medioambiente serán del orden de US$ 2,7 billones. Conservar la biodiversidad terrestre y marítima es una medida costo-efectiva para revertir o al menos frenar esta degradación. Actualmente, se estima que los recursos invertidos en la conservación de la biodiversidad oscilan entre US$ 124 y 143 mil millones por año (Deutz y otros, 2020), mientras que se destinan más de US$ 500 mil millones al año en subsidios perversos, cuatro veces más que los recursos que tienen como fin la conservación.
En el concierto mundial, Chile se encuentra dentro de los países que más superficie terrestre y marítima protege, al menos en el papel. Pero nos encontramos dentro de las diez naciones del mundo que menos recursos invierten en la protección efectiva de la biodiversidad. Actualmente, destinamos a conservación menos de un dólar por hectárea y solo 0,03% del Producto Interno Bruto (PIB), cuatro veces menos que Argentina y 10 veces menos que Perú.
Para proteger de forma efectiva el 30% del territorio terrestre en 2030 necesitamos un Estado robusto, eficiente y dinámico, que lidere una estrategia nacional en esta materia, y a una sociedad civil y ciudadanía movilizada, que colabore con el Estado en este gran desafío.
El Centro de Estudios Públicos lanzó un informe con 30 medidas urgentes para lograr cumplir con las metas comprometidas para 2030, entregando una hoja de ruta que oriente la acción de los gobiernos (www.conservacioncep.cl). Este informe fue elaborado por una comisión integrada por 23 personas: ocho empresarios especialmente preocupados por el medioambiente, nueve académicos de diversas áreas del conocimiento y de distintas tendencias políticas, y seis representantes de las principales organizaciones no gubernamentales dedicadas a la conservación de la naturaleza. Este diverso y transversal grupo trabajó durante tres años en esta tarea, logrando acuerdos en la elaboración de un diagnóstico común y 30 medidas de política pública prioritarias para avanzar de forma acelerada en la protección de nuestra naturaleza. Entre estas se encuentran crear un endowment de US$ 100 millones para el Fondo Naturaleza Chile; crear pagos por los servicios que prestan los ecosistemas, y aumentar los incentivos para fomentar la conservación de privados.
Nuestro patrimonio natural es un factor de unión e identidad nacional. En tiempos de polarización, nuestra naturaleza se erige como un activo político que permite generar unidad y movilizarnos en torno a una causa común, tal vez la más importante de todas.
Por Sylvia Eyzaguirre, investigadora CEP
